El brigada de la Guardia Civil imputado por confesar ilegalidades en una grabación reconoció durante su declaración en la Audiencia Nacional que el grupo de investigación al que pertenecía hasta el pasado verano se saltaba los mecanismos de coordinación creados por el Gobierno tras los fallos que facilitaron la masacre yihadista del 11 de marzo de 2004 en los trenes de Atocha. Con naturalidad, el mando del instituto armado explica ante el juez Pedraz que ignoran las bases de datos conjuntas para evitar que la Policía Nacional “reviente” sus operaciones, en alusión a que la otra fuerza de seguridad averigüe a qué individuos investiga y se apresure a detenerlos.
El guardia civil está imputado en la misma causa en la que antes actuó como investigador de un importante grupo de narcotraficantes. En una grabación incorporada a la misma, el brigada Sergio B. confiesa a una mujer las ilegalidades que comete su grupo en el transcurso de las investigaciones, entre ellas la utilización de dispositivos de seguimiento sin autorización judicial. Las defensas de los presuntos narcotraficantes creen que la verdadera razón de que los guardias civiles no registraran sus avances en las bases de datos es que no estaban investigando a los presuntos narcotraficantes en otoño de 2020 y que, a posteriori, fabricaron seguimientos que nunca habían realizado. El objetivo final sería ocultar el verdadero origen de la información que les llevó hasta los investigados.
