La jueza ha archivado la causa a la empresa pública Tersa, en la que estaba investigado el candidato de Comuns Sumar en Girona, Eloi Badia, al concluir que la incineradora de Sant Adrià del Besòs (Barcelona) cumple la normativa y sus emisiones no suponen “ningún grave riesgo” para el medio ambiente ni la salud.
Así lo ha acordado la titular del juzgado de instrucción número 5 de Badalona (Barcelona) en un auto, en el que dice que el informe clave de la Guardia Civil “no alcanza el rigor necesario” para consolidar un “indicio sólido” que permita afirmar que Tersa no cumple con la normativa vigente, informa EFE.
La empresa Tersa es propiedad del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y Barcelona Serveis Municipals (compañía pública del Ayuntamiento de Barcelona). La causa se inició por una denuncia interpuesta en marzo de 2022 por la Fiscalía de Medio Ambiente de Barcelona a raíz de un escrito de la coordinadora vecinal Airenet.
Los dos principales investigados de la causa ahora archivada eran el exconcejal de Emergencia Climática en el Ayuntamiento de Barcelona, expresidente de la empresa y diputado de Sumar en el Congreso, Eloi Badia, que ahora encabeza la lista de los Comuns Sumar por Girona en las elecciones catalanas del 12-M, y el jefe de explotación de la fábrica, F.R.G.
En su declaración como investigado en el juzgado en abril de 2023, cuando todavía era concejal del Ayuntamiento de Barcelona y presidente de Tersa, Badia defendió que la incineradora de Sant Adrià del Besòs cumplía la normativa.
Casi un año después, la jueza llega a la misma conclusión, al considerar que, tras la práctica de una “ingente” cantidad de diligencias, “ha quedado acreditado” que Tersa cumple todos los parámetros de temperatura de la incineración y por lo tanto la normativa vigente.
“Si se cumple la normativa vigente, si no se ha podido acreditar que las emisiones superan los límites legales, resulta obvio que ningún grave riesgo se ha producido para el medio ambiente o la salud de las personas”, remarca la juez.
En su auto de archivo, la magistrada insiste en que no existe “ni un solo informe” que haya permitido constatar que las dioxinas que se liberan en el proceso de combustión superan el índice previsto legalmente.
Es más, apunta que Tersa ha sido sometida a inspecciones ambientales periódicas desde 2016, sin que, en ninguna de ellas, se haya observado “contravención normativa alguna” que permita concluir que se pudieron cometer los delitos relativos al medio ambiente que veía la Fiscalía en su denuncia.
La magistrada resalta además que la Generalitat ha avalado “año tras año” que Tersa “cumplía” con las previsiones legales, renovando las licencias de explotación de la incineradora tras someterla a “rigurosos y estrictos” controles en los que “no se ha observado ningún incumplimiento grave”.
La juez recuerda que el “eje vertebrador” de las acusaciones se ha centrado en la temperatura de la incineración, un aspecto que “no resultaba ni siquiera una infracción administrativa”.
En un comunicado, Tersa ha señalado que la resolución confirma lo que ha defendido siempre la empresa, que “ha operado bajo el estricto cumplimiento de todas las normativas ambientales vigentes”. Por contra, la presidenta de Airenet, Silvina Frucella, ha afirmado que recurrirán la decisión, y ha acusado a Tersa de haber “mentido a todos”.
