“Todos somos muy valientes cuando llevamos cuatro escudos, siete porras… Quería verles yo…” La frase airada del diputado de Vox Javier Ortega Smith a los responsables del dispositivo policial para proteger la sede del PSOE resume uno de los sorprendentes giros argumentales que se han escenificado en la calle de Ferraz en las última semanas. Ortega Smith era el máximo exponente de la comunión entre su partido y las fuerzas de seguridad, con los antidisturbios como máxima expresión de estas, hasta que el acuerdo del PSOE con Junts y la ley de amnistía ha devuelto a la extrema derecha un protagonismo en las algaradas que no tenía desde la Transición.
Hace cinco años, en el lejano territorio político de 2018, los tres partidos de la derecha parlamentaria se disputaban el favor de los miembros de la Policía y la Guardia Civil, instituciones con una alta valoración entre los españoles, según ha trasladado siempre el Centro de Investigaciones Sociológicas. Pese a que Ciudadanos había introducido en la negociación de los Presupuestos con el PP una subida sin precedentes en las nóminas de policías y guardias civiles era el nacionalismo exacerbado de Vox el que encandilaba ya por entonces a los agentes.
El objetivo de la recién creada Jusapol, que despreciaba los 400 euros de subida alcanzados por los sindicatos policiales y exigía la equiparación inmediata con los Mossos d’Esquadra, dejaba al partido del gobierno, el PP, fuera de la vanguardia de afectos de los demandantes. Hasta que cambió el signo del Ejecutivo y las tres derechas hicieron del desafío soberanista en Catalunya la prioridad en su acción de oposición a Pedro Sánchez.
Jusapol vivió su puesta de largo el 10 de noviembre de 2018 en una manifestación que tiñó de banderas de España el centro de Barcelona. La reivindicación de la equiparación con los cuerpos autonómicos era un viejo mantra de policías y guardias civiles que enarbolaban los sindicatos cada cierto tiempo, aunque sin mucha convicción. El auge de Jusapol y de su “equiparación ya” no se entiende sin la agitación del nacionalismo español al entrar en conflicto con el desafío soberanista de la pasada década, un proceso paralelo al ocurrido con Vox. Del mismo modo que es imposible revisar las principales estampas del “a por ellos” sin que aparezca en ellas Jusapol de modo recurrente.
La plataforma nació abjurando de los sindicatos tradicionales de la Policía, pero en 2019 giró y decidió concurrir a las elecciones de Policía y Guardia Civil como una central más. En ambos comicios arrasaron. Jupol alcanzaba su mayor cuota de afiliación entre los antidisturbios. Políticos y policías se retroalimentaban: la exigencia de equiparación salarial con los Mossos d’Esquadra se difuminaba en la defensa de la unidad de España.
Los “piolines” –el calificativo despectivo que se dio a los agentes desplegados para intentar evitar el referéndum de octubre de 2017– se habían convertido en un símbolo para ese nacionalismo español, un perfil que se agrandó con los graves disturbios que siguieron a la sentencia del procés en el otoño de 2019.
La extrema violencia de grupos de manifestantes, que causó heridas de por vida a algunos agentes, ayudó a alimentar la imagen de la Unidad de Intervención Policial (UIP) como primera línea en la defensa de España. Independentistas y radicales de extrema izquierda, por un lado, y policías nacionales, del contrario. Era una distribución que encajaba como un guante en el maniqueísmo asentado en sectores conservadores de la sociedad.
Gracias a su política sin matices, en la escenografía siempre ganaba Vox. La imagen que lo resume es Ortega Smith luciendo una camiseta negra –el color preferido de las escuadras de manifestantes de Jusapol– con un gran logo de la Operación Copérnico, el despliegue policial contra el referéndum soberanista.
Hasta que el 6 de noviembre, un murmullo precedió al crujido de la relación entre las derechas y la Policía. Los manifestantes en torno a la sede del PSOE descubrieron que las unidades de intervención policial tienen como misión garantizar perímetros de seguridad y que, a la señal del jefe de dispositivo, cargan si el mismo está en peligro o como respuesta al lanzamiento de objetos. También conocieron que “cargas” y “violentas” son términos redundantes.
Grietas en el seno de la Policía
En las horas siguientes se produjo un fenómeno inédito en la Policía que apenas ha trascendido los perímetros del Cuerpo. Algunos agentes, en los grupos de WhatsApp sindicales, se atrevieron a criticar a sus compañeros calificando la actuación de exagerada. Esto ha supuesto una grieta inconcebible cuando los manifestantes pertenecían a otros colectivos ideológicos. “Esta vez eran los nuestros”, vinieron a expresar algunos. Anteponer ideología a corporativismo era un dilema al que nunca antes se habían tenido que exponer.
Pero cuando la grieta del conflicto interno en la Policía comenzaba a extenderse, la sobreactuación de la extrema derecha tuvo por una vez un efecto contrario al inflamatorio; sirvió para cauterizar la herida. Un vídeo de Ortega Smith dirigiéndose al jefe de la UIP en la calle Ferraz advirtiéndole de que él y unos cámaras iban a fiscalizar la actuación de los antidisturbios provocó una ola de indignación entre los agentes.
Todos los sindicatos salieron en tromba a censurar la actuación del “diputado nacional”, como se presentaba el político al mando policial. Las centrales acusaron a Ortega Smith de “coaccionar” a sus compañeros y no se ahorraron poner el dedo en la llaga al hablar del procés y otros altercados. “Ni antes éramos los piolines de Fernández Díaz, ni ahora somos los esbirros de Grande Marlaska”, recogía una nota de la UFP. “Estos policías son los mismos que defendían a su jefe, el Sr. Abascal, cuando le apedreaban en un mitin en Vallecas, pero entonces éramos los buenos”, remataba. Vox no se ha apeado de sus críticas y ha reaccionado culpando a los sindicatos de estar dirigidos por Marlaska.
Hasta el 16 de noviembre, Vox había tensado la cuerda. Su líder, Santiago Abascal, dijo que se había “gaseado a niños y ancianos”. Toda la derecha fantaseó con la posibilidad de que el cargo político más directo sobre los agentes, el delegado del Gobierno, hubiera dirigido la actuación de los antidisturbios, algo materialmente imposible, como sabe cualquier policía con experiencia en “control de masas”. El PP se sumó a los ataques al delegado, Francisco Martín, en el imposible equilibrio de defender las protestas, denunciar los supuestos excesos policiales y, al tiempo, exculpar de ellos a los agentes.
El PP, en territorio adverso
La calzada de Ferraz ha sido territorio adverso para el PP en su contienda con Vox. El discurso de que la mayoría de los manifestantes no son violentos contrasta con las imágenes de banderas franquistas, cánticos racistas e insultos machistas que han abundado en las protestas. La culminación violenta de las mismas ha facilitado que el partido de Alberto Núñez Feijóo abandonara paulatinamente las críticas al despliegue policial.
Antes la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, logró descolocar de nuevo a la dirección nacional del PP. Primero criticó la “sobreactuación policial”, culpando de ella al Gobierno de Sánchez, y cuando el PP nacional se había alineado con ese posicionamiento, cambió el paso y condenó radicalmente los disturbios.
En los últimos días, la dureza contra los policías se ha incrementado entre los manifestantes. Las críticas a su actuación trasciende de los militantes de la extrema derecha extraparlamentaria, habituados a enfrentarse con la policía, y es habitual ver a individuos que acuden a Ferraz tras su jornada laboral soliviantarse con la actuación de los agentes.
“La UIP cobra 10,6 euros/hora, las prostitutas más baratas del PSOE”, reza una pancarta exhibida en los últimos días. Jupol asegura que se está produciendo una “radicalización progresiva” de la protesta, de la que que culpa a un movimiento, Noviembre Nacional, al que considera convocante, al tiempo que lamenta que se haya olvidado el motivo original de las manifestaciones, que era protestar contra la amnistía.
