Duro rapapolvo plagado de advertencias de la Defensora del Pueblo de la UE a los 27 tras su investigación sobre el trágico naufragio en las costas griegas el pasado verano en el que cientos de personas migrantes perdieron la vida. La irlandesa Emily O’Reilly cuestiona las reglas que rigen el funcionamiento de Frontex (la agencia europea de guardia de fronteras y costas) y considera que su capacidad para salvar vidas en el mar está muy limitada por las órdenes de los estados miembros, a los que acusa de vulnerar los derechos humanos en esas situaciones.
La Defensora del Pueblo lamenta que la UE haya ido aniquilando las operaciones de rescate marítimo, primero con la desaparición de las impulsadas a nivel europeo y, después, con las “amenazas” de los estados miembros a las que ponen en marcha las ONG, como sucede en el caso de Italia. “Frontex fue renombrado en 2016 para incluir la designación de ‘guardia costera’, pero su mandato y el alcance de sus actividades no alcanzan lo que generalmente se entiende como la misión de un guardacostas”, expresa el informe publicado este miércoles: “Su capacidad para salvar vidas en riesgo se ve aún más limitada por el hecho de que son las autoridades de los Estados miembros las que dirigen y coordinan las misiones de búsqueda y salvamento”.
La crítica en este caso concreto va directamente al Gobierno griego. La catástrofe del pasado mes de junio comenzó con un aviso de las autoridades italianas a Frontex, que desplazó un avión a la zona en la que estaba el barco atestado de personas y sin chalecos salvavidas, según pudo confirmar. Volvió por falta de combustible y, a partir de ahí, como correspondía a las autoridades griegas la cooperación desapareció. “Según los documentos inspeccionados en el curso de esta investigación, Frontex solicitaría posteriormente, en cuatro ocasiones distintas, los días 13 y 14 de junio, actualizaciones y ofertas de asistencia a la RCC griega (centro de control de rescate martítimo), incluido el regreso para prestar asistencia en la vigilancia aérea. No recibió ninguna respuesta de las autoridades griegas a ninguna de estas comunicaciones”, señala el informe. 15 horas después del primer aviso del avistamiento, se produjo el naufragio en el que murieron unas 600 personas.
Aunque el informe no llega a exonerar a Frontex, al no haber podido confirmar si infringió alguna norma o procedimiento, en lo que es claro es que el marco legal actual es insuficiente para que la ‘guardia costera’ sea efectiva en el salvamento marítimo. “Sería necesario modificar las disposiciones de los planes operativos o las condiciones de servicio de las solicitudes de vigilancia aérea para que Frontex pueda cumplir mejor sus obligaciones en materia de derechos fundamentales, por ejemplo, manteniendo la vigilancia cuando lo considere necesario”, señala O’Reilly, que no ve “improbable” que se vuelvan a repetir tragedias como la de Adriana si se mantiene la legislación tal y como está.
“Si Frontex tiene dudas sobre el respeto de los derechos fundamentales por parte de un Estado miembro en el contexto de las operaciones de búsqueda y salvamento, el marco operativo actual dificulta la adopción de medidas independientes de acuerdo con esas dudas”, reconoce la Defensora del Pueblo, que admite que “lamentablemente, hay situaciones en las que Frontex tiene motivos para dudar de que algunos estados miembros cumplan sus obligaciones en materia de derechos fundamentales”.
“Habida cuenta de estas conclusiones y de la creciente preocupación por las persistentes violaciones de los derechos fundamentales por parte de un Estado miembro en sus operaciones de control fronterizo, Frontex debe considerar si se ha alcanzado el umbral para permitirle poner fin, retirar o suspender sus actividades con el Estado miembro en cuestión”, agrega el texto, que apunta a la “tensión entre el deber de Frontex de salvar vidas y la presión para evitar o disuadir a las personas de intentar cruzar el Mediterráneo”.
La Defensora del Pueblo no es ajena al cementerio en el que se está convirtiendo el Mediterráneo y emplaza a las instituciones europeas (Eurocámara, Consejo de la UE y Comisión) a crear una “comisión de investigación independiente” que permita proporcionar rspuestas a las “cuestiones sistémicas” de los movimientos migratorios por esa vía para extraer lecciones que impidan tragedias como la de Adriana.
