Las cifras hablan con claridad. Una empresa desconocida, sin experiencia y sin apenas actividad fue capaz de pasar, en un año, de 0 euros a 53 millones de facturación. ¿Su único cliente? El sector público, a través de distintas formas y entidades: 20 millones en Puertos del Estado, 12,5 millones en ADIF, 5 millones en Renfe, 3,7 millones en la Sanidad de Baleares, 3,5 millones en el Ministerio del Interior, 5 millones más en el Servicio Canario de Salud…
Son en total ocho adjudicaciones para comprar mascarillas en el peor momento de la pandemia, en la primavera de 2020. Todas ellas tienen al menos dos elementos en común. El primero, el procedimiento: estos contratos se decidieron por la vía de emergencia, prácticamente a dedo, sin concurso y sin competencia. El segundo nexo es Koldo García: un oscuro asesor del Ministerio de Transportes que, según la Fiscalía Anticorrupción, fue quien medió para lograr estas adjudicaciones públicas y a cambio se llevó varias mordidas. La investigación judicial le ha encontrado un incremento patrimonial de 1,5 millones de euros tras la pandemia. También ingresos en efectivo en sus cuentas: más de un cuarto de millón de euros de origen sospechoso.
