MADRID, 11 Sep. (EUROPA PRESS) –
El presidente del Consejo de Supervisión del Banco Central Europeo (BCE), Andrea Enria, ha afirmado este lunes que los impuestos a la banca, como el que existe en España, corren el riesgo de «reducir el atractivo inversor» del sector financiero, ya que «da la impresión» de que si un banco tiene beneficios, alguien debe «intervenir».
Además, el italiano se ha mostrado preocupado por la posible cronificación de tasas de este tipo, ya que podrían perjudicar la apreciación por parte de los bancos de los riesgos derivados de los tipos de interés.
Esto sería así porque estos impuestos se orientarían, precisamente, hacia los márgenes obtenidos por la subida de tipos sin tener en cuenta la provisión necesaria para hacerles frente.
No obstante, Enria ha reconocido que los bancos pueden tener «parte de la responsabilidad» en que estos impuestos existan por su tardanza en trasladar las subidas de interés a sus clientes.
SUPERVISIÓN BANCARIA
Por otro lado, Enria ha afirmado que el BCE retirará las penalizaciones de necesidades extra de capital a la que están sometidas algunas entidades financieras tras haber solucionado sus problemas de apalancamiento.
No obstante, el italiano no ha dado nombres concretos y ha recordado que algunos bancos continuarán con estos requisitos «por algún tiempo más». También ha dejado claro que «probablemente» exigirá capital extra a más firmas el año que viene.
En este sentido, el presidente del Consejo de Supervisión del BCE ha señalado que el proceso de revisión anual a los bancos (SREP, por sus siglas en inglés) debe «enfocarse más al riesgo», ser más selectivo y no ser estar tan centrado en el capital.
Esto, sin embargo, no tiene por qué traducirse en menores requisitos de capital, sino en más «medidas cualitativas», que no tienen por qué ser «menos exigentes o menos desafiantes» para los bancos que las existentes.
Enria, como ejemplo, ha citado multas periódicas que entrarían en vigor si una entidad no remedia a tiempo deficiencias detectadas por el supervisor en sus cuentas, u órdenes ‘cease and desist’ que limitan la capacidad para llevar a cabo adquisiciones si no solucionan sus problemas de gestión y gobernanza.
