Decíamos ayer, la semana pasada, que la voladura del semanario humorístico barcelonés El Papus se solventó con sentencias que rozaron la impunidad. El asesinato de su conserje, Juan Peñalver, y el intento de asesinato de 18 trabajadores de la revista quedaron sin reproche penal. El pleno del Tribunal Supremo tuvo que pronunciarse ante la querella por sentencia injusta interpuesta por la empresa editora contra el tribunal de la Audiencia Nacional –para no admitirla– y reconoció en su resolución que “pudo incurrirse en benignidad al reducir la condena de los procesados a la pena mínima”, pero que de ello no se deducía una “sentencia manifiestamente injusta en [la] que se objetiviza el delito de prevaricación”.
La sentencia estableció que Juan José Bosch y Ángel Blanco, miembros de la Guardia de Franco, crearon en 1976 en Barcelona la banda ultraderechista Juventud Española en Pie (JEP), que habían participado con los demás procesados en un cursillo de tácticas terroristas en una finca de Lleida, que se reunieron en un piso del líder fascista barcelonés Alberto Rayuela donde Bosch propuso asesinar al director de El Papus o volar su redacción y que fue él quien preparó el artefacto explosivo. “Una antología del disparate”, se calificó la sentencia, pues aunque reconocía que todos los acusados confesaron haber conspirado para cometer el atentado, como las investigaciones policial y judicial no habían establecido el autor o autores materiales de la entrega de la bomba, no se podía condenar a nadie por sus efectos y si se dio por probado el delito de terrorismo en el caso de Bosch, fue para apreciarlo en un comprensivo “grado de conspiración”.
