El 4 de mayo de 2017, un coche calcinado con un cadáver en el maletero apareció en una pista forestal en las inmediaciones del pantano de Foix. Eran los restos mortales de Pedro Rodríguez, un policía local de Barcelona que por aquel entonces estaba suspendido de empleo. La Justicia acreditó después –la sentencia ya es firme– que fue asesinado por su entonces pareja, Rosa Peral, y el amante de ésta, Albert López. El caso, muy mediático en su día, ha vuelto a la actualidad tras el estreno en Netflix de una serie de ficción y un documental en el que la asesina da su versión de los hechos a través de varias videollamadas realizadas desde la cabina de la prisión en la que cumple la condena a 25 años de cárcel que le impuso la Audiencia de Barcelona. Todo, sin avisar al departamento de Justicia de la Generalitat.
Esas llamadas –y otra entrevista que dio el pasado miércoles a Catalunya Rádio– están en el origen del expediente que le ha abierto el Govern por usar sus comunicaciones previstas para familiares y amigos para hablar con la productora y un medio. Más allá del interés que desató el llamado ‘crimen de la guardia urbana’ y la expectación generada por estas emisiones, la exposición mediática de Peral y la respuesta del Ejecutivo catalán ponen de nuevo el foco sobre un debate pertinente y con grandes implicaciones para la población reclusa y el derecho a la información: hasta qué punto la privación de libertad tras haber delinquido restringe la libertad de expresión.
