Sumar registrará este viernes una querella por prevaricación contra el presidente interino del Consejo General del Poder Judicial y contra los vocales que impulsaron hace unas semanas una declaración contra la ley de amnistía, a principios de noviembre, cuando no se conocía la proposición del Partido Socialista. El órgano de gobierno de los jueces, con el mandato caducado desde hace cinco años, aprobó una declaración institucional que sostenía que la ley, entonces todavía un texto hipotético, suponía la “abolición del Estado de derecho”.
El grupo parlamentario entiende que el presidente, Vicente Guilarte, cometió un delito de prevaricación “por haber dictado una resolución injusta a sabiendas” y cooperador necesario del delito de prevaricación “en que incurren los vocales proponentes y firmantes del acuerdo” al haber convocado un pleno extraordinario para que se debatiese esa declaración, según figura en la querella a la que ha tenido acceso elDiario.es. Los vocales que respaldaron la iniciativa fueron Gerardo Martínez Tristán, José María Macías, José Antonio Ballestero, Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández, Juan Martínez Moya, Carmen Llombart, María Ángeles Carmona y el citado Wenceslao Olea.
Guilarte convocó ese pleno el 6 de noviembre con la declaración institucional como único punto del orden del día. La votación salió adelante por nueve votos a cinco: con los votos a favor de los ocho vocales del núcleo duro del sector conservador que forzaron la convocatoria del pleno y del conservador Wenceslao Olea, que no había firmado la petición. El presidente interino, Vicente Guilarte, votó en blanco y los cinco progresistas que asistieron rechazaron el texto. El vocal Álvaro Cuesta, elegido en su día a propuesta del PSOE, cumplió su órdago y se ausentó de una convocatoria que consideraba “improcedente e ilegal” y donde, a su juicio, se debatió lo que considera un “panfleto político”.
Los vocales elegidos a propuesta del PP consiguieron que la institución más importante del tercer poder del Estado hiciera un severo pronunciamiento contra la despenalización del procés que en ese momento negociaban el PSOE y los partidos independentistas. La declaración no tuvo ningún efecto práctico, pero sí un innegable eco mediático.
El texto aprobado acusaba al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de “confundir el interés de España” con su interés personal de “evitar la hipotética formación de gobiernos de partidos de una ideología diferente a la suya” y afirmaba que la posición que atribuyen al jefe del Ejecutivo es “manifiestamente incompatible con la alternancia política” y “rotundamente incompatible con el principio de Estado de derecho”. Todo ello a pesar de que en ese momento aún no se conocía el contenido del texto que días después registraría el PSOE en el Congreso de los Diputados.
Sumar entiende ahora que los vocales cometieron un delito de prevaricación con el movimiento para forzar el pleno y con la resolución aprobada. “El delito de prevaricación es un delito de resultado, no de mera actividad, pero en el que la actividad coincide con el resultado, que es el dictado de la resolución”, dice la querella presentada este viernes ante el Tribunal Supremo. “La adopción y difusión del acuerdo de 6 de noviembre ha producido un grave perjuicio para el interés general y con ello, un resultado materialmente injusto”, prosigue el texto.
La querella acusa a los vocales promotores y a los firmantes del acuerdo de actuar “con sorprendente falta de rigor jurídico” al pronunciarse acerca de una ley inexistente cuyo contenido desconocían y cree que se posicionaron “claramente a favor de la postura defendida por un partido político”.
“Han condicionado e influido en la opinión jurídica (dada su posición dentro del Poder Judicial) y en la pública, trasladando una interpretación de una ley inexistente cuyo contenido y forma ignoraban, que ni siquiera les corresponde realizar y contribuyendo a la polarización, acrecentado el conflicto social por las graves e injustificables descalificaciones que dirigen al Presidente del Gobierno en funciones”, prosigue la denuncia. “La arbitrariedad de la resolución adoptada es, por tanto, palmaria”, zanja.
