El brigada de la Guardia Civil investigado en la Audiencia Nacional por presuntos métodos ilegales se jacta en una grabación de haber detenido a un empresario sin conocer bien el delito que le atribuye. El arresto se produjo en el marco de la Operación Pantano, un espectacular despliegue del equipo al que pertenecía el brigada, que sirvió al secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, para afirmar en 2021 que las detenciones, entre ellas la de la ex alcaldesa socialista de San Martín de Valdeiglesias, suponían “la punta del iceberg de la mayor trama de corrupción del PSOE en su historia”.
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El arresto del empresario se produjo en una fase posterior de la operación, en la primavera pasada, antes de las últimas elecciones municipales y autonómicas. Según relata en la grabación el brigada, él mismo citó al empresario en dependencias de la Guardia Civil, le recomendó que le acompañara un abogado y, una vez se presentó, procedió a detenerle. Como él mismo reconoce en el audio, el brigada llegó a decirle que si hubiera aparecido “con un par de botellas de vino” de su bodega todo se podría haber arreglado.
El detenido aquel día es Fernando Cornejo, un empresario y abogado con más de cuatro décadas de ejercicio y copresidente de la fundación que gestiona el castillo de San Martín de Valdeiglesias. “No conocía ni el delito que le hemos metido”, dice el brigada en la grabación, realizada poco después del arresto de Cornejo. Luego le dice a la mujer, autora de la grabación, que el delito consiste en haberse lucrado con eventos privados en el castillo de titularidad semipública.
El entorno de Cornejo explica a elDiario.es que, cuatro meses después, el juzgado de Navalcarnero que investiga la Operación Pantano todavía no le ha citado a declarar. Ni siquiera están seguros de que esté investigado y que la fundación que preside figura como personada en la causa como perjudicada. Añaden que el castillo siempre ha pertenecido a la familia de Cornejo y que éste le regaló la mitad al Ayuntamiento. Asimismo niegan taxativamente que Cornejo obtenga un solo euro de los eventos que se realizan en el castillo y confirman el comentario de las botellas de vino: “Estaban como de vacile”.
El PSOE madrileño siempre sospechó de la operación en San Martín de Valdeiglesias por su desproporción. El Equipo de Delitos Económicos de la Comandancia de Madrid detuvo a 17 personas por los delitos de prevaricación y malversación, incluida la entonces alcaldesa, la socialista María de la Luz Lastras. Los arrestos se produjeron dos años después de que la entonces jefa de la oposición, la popular Mercedes Zarzalejos, hubiera denunciado los hechos ante la Fiscalía. Con posterioridad, el equipo del brigada imputado amplió las acusaciones de sus atestados a cohecho y blanqueo.
El amplio despliegue del 15 de diciembre de 2021 –los vecinos recuerdan una unidad móvil de Telemadrid antes de que comenzara– incluyó la entrada en dependencias municipales en busca de información cuando era la entonces alcaldesa quien había puesto la denuncia y tenía acceso a toda la documentación. “Bastaba con habérsela requerido”, dicen fuentes socialistas respecto del Equipo de Delitos Económicos de la Guardia Civil.
Uno de los detenidos aquel día explica a este medio que él nunca ha tenido constancia de un auto judicial de detención, que fue conducido a las dependencias de Guardia Civil en Tres Cantos, donde pasó la noche, y que no fue puesto a disposición judicial después. Más de la mitad de los arrestados aquel día ya no figuran como investigados, según fuentes del caso.
Los atestados de la Guardia Civil hablan de contratos fraccionados a dedo a pequeños proveedores. En el PSOE lo justifican en que los empresarios de la zona son siempre los mismos y que es normal que haya alguna relación de parentesco con el equipo de gobierno.
Otro caso de presunta corrupción en la Comunidad de Madrid marca un método policial distinto. La exalcaldesa de Arroyomolinos, actual ‘número tres’ del PP de Madrid y vicepresidenta de la Asamblea de Madrid, Ana Millán, está imputada por una actuación similar a la de San Martín pero en su caso con la gravedad de que se habría enriquecido con la adjudicación a un empresario de la Operación Púnica. Nunca fue detenida. Se negó a prestar declaración en sede de la Guardia Civil y en su momento fue llamada por el juzgado como imputada.
El sello del brigada
Las diligencias de la Operación Pantano llevan la firma, como instructor, del brigada sorprendido por la grabación. Cuando era sargento, S. B también participó en la elaboración de los atestados que pretendían atribuir al Gobierno de Pedro Sánchez de la expansión de la COVID-19, por haber autorizado la marcha feminista del 8 de marzo de 2020. Aquellos atestados estaban repletos de sesgo ideológico, bulos y tergiversaciones de datos, tal y como publicó elDiario.es.
Al frente de ambas investigaciones, la del 8M y la operación Pantano, está el teniente Abel Marín Seoane, que sigue a día de hoy al frente del Equipo de Delitos Económicos de la Comandancia de la Guardia Civil en Madrid. Ninguna de estas actuaciones ha motivado una investigación interna. Solo el brigada, al que se ha abierto una información reservada, ha sido apartado del Equipo y enviado a un puesto burocrático. En la grabación, el brigada dice de Marín Seoane: “Mi jefe es buen chaval, pero siempre solo quiere que suene”. Se refería a la repercusión mediática que pretende el jefe de Delitos Económicos.
