Centenares de miles de personas han salido a la calle en Argentina este domingo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, cuando se cumplen 48 años del golpe de Estado de 1976. La jornada era especial para los sectores que participan año tras año de la conmemoración en honor a los 30.000 desaparecidos que dejó la última dictadura militar (1976-1983), ya que, por primera vez en democracia, gobiernan un presidente y una vicepresidenta que enarbolan proclamas negacionistas.
Javier Milei y Victoria Villarruel no perdieron la oportunidad. Mientras la multitud comenzaba a movilizarse, desde las cuentas oficiales del Estado argentino difundieron un video de 13 minutos dedicado a negar la cifra de desaparecidos, a afirmar que hubo “una guerra” con “excesos de ambos lados” y a denunciar que el histórico movimiento de derechos humanos actuó “por plata”.
La Plaza de Mayo, los mil metros que la separan del Congreso y las calles adyacentes estuvieron repletas de manifestantes con pancartas y carteles de los rostros de los desaparecidos de la dictadura, bajo las consignas centrales “Nunca Más” y “30.000 razones para defender la patria”.
Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo —no más de una decena, de muy avanzada edad, que todavía participan de estos encuentros masivos—, los hijos de desaparecidos y otros familiares y organizaciones de derechos humanos encabezaron el acto. Las identificaciones políticas correspondieron a facciones del peronismo y de la izquierda, pero, incluso más que en otras oportunidades, el dato saliente fue la multiplicidad de agrupaciones culturales, barriales, de diversidad sexual, feministas, sindicales, artísticas y de inmigrantes que dieron el presente. Decenas de banderas uruguayas y palestinas también se hicieron notar.
Aunque los jóvenes lideraron la avanzada de la ultraderecha que dejó a Milei y Villarruel en la Casa Rosada desde diciembre pasado, la manifestación por Memoria, Verdad y Justicia contó con numerosos adolescentes, menores de 30 y familias con sus hijos pequeños. Marionetas coloridas y carteles artesanales con consignas como “no es locura, es fascismo”, “no nos callan nunca más” y “con miedo, ellas (las Madres) salieron igual” poblaron la avenida de Mayo, la más madrileña de las arterias de Buenos Aires.
Rumbo a la plaza, por la calle Hipólito Yrigoyen, Cristina Banegas, una de las máximas actrices argentinas, caminaba en soledad. “Este 24 de marzo me interpela más que nunca porque realmente la patria está en peligro. Tenemos una hermosa cultura y creo profundamente en nuestra capacidad de salir a la calle”, dijo Banegas.
Los principales responsables civiles del terrorismo de Estado continúan impunes: son el poder económico y empresarial del genocidio. Para ellos, también exigimos juicio y castigo ya
Estela de Carlotto
— Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo
Palabra de Estela
La alta concurrencia a una manifestación que de por sí suele ser masiva tuvo lugar en un contexto en el que el Gobierno ultra procura hacer oficial la denominada “teoría de los dos demonios” —que postula que hubo una guerra entre bandos equiparables— y amaga con darles más poder a los militares en áreas de Inteligencia y seguridad interior.
Poco antes de las tres de la tarde, Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, leyó el documento central, consensuado entre varias organizaciones de derechos humanos. “Los principales responsables civiles del terrorismo de Estado continúan impunes: son el poder económico y empresarial del genocidio. Para ellos, también exigimos juicio y castigo ya. Seguimos reclamando y preguntando dónde estás los cuerpos de los desaparecidos”, leyó la mujer, de 93 años, quien recuperó a su nieto Ignacio Montoya Carlotto en 2014.
La dirigente se refirió al presente. “Las constantes provocaciones del Gobierno de Milei y Villarruel violan todos los pactos internacionales que tienen rango internacional”. Estela también aludió al impulso que da el Gobierno ultraderechista a que los militares participen en el combate al narcotráfico en la ciudad de Rosario. “Reafirmamos que la particpación de las Fuerzas Armadas en conflictos internos es contraria a su rol y pone en riesgo los derechos humanos de todos”, advirtió.
Juicio y castigo
Desde 2006, luego de que fueran derogadas las leyes y decretos de impunidad de 1987, 1990 y 1991, los tribunales dictaron 321 sentencias por crímenes de lesa humanidad, con 1176 personas condenadas y 183 absueltas. Hay otros 79 juicios en curso o en fase de investigación, con 409 procesados y 486 imputados, según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad. Sólo 661 represores permanecen detenidos, ya que la mayoría se encuentra en régimen de prisión domicilaria —por la edad avanzada o razones médicas—, o bien ya cumplieron la condena. Uno de ellos, Horacio Losito, que salió en libertad meses atrás, fue homenajeado en una unidad militar semanas atrás, con la anuencia del Gobierno de Milei.
Desde 2006, luego de que fueran derogadas las leyes y decretos de impunidad de 1987, 1990 y 1991, los tribunales dictaron 321 sentencias por crímenes de lesa humanidad, con 1176 personas condenadas y 183 absueltas
Las redes libertarias vienen agitando la idea de que podría tener lugar un indulto o una conmutación de penas para los represores, algo que fue negado por Milei y otros funcionarios.
Lucía García Itzigsohn, hija de dos desaparecidos, ha declarado a The Guardian: “Estamos muy preocupados. Más allá de nuestro posicionamiento político y de que la historia nos atraviesa personalmente, esto implica romper el pacto democrático”.
“El presidente Javier Milei y las máximas autoridades del país repiten formas de negacionismo y relativismo del terrorismo de Estado”, ha señalado en un comunicado el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), una organización de derechos humanos fundada en 1979.
Viejas versiones negacionistas
Pasado el mediodía, la Casa Rosada -sede del Poder Ejecutivo- emitió un documental corto en el que Luis Labraña, un exguerrillero de Montoneros (guerrilla peronista de izquierda), afirma haber inventado el número mientras estaba exiliado en Holanda y lo califica como “un gran negocio”.
Con un relato estructurado por Juan Bautista Yofre, un negacionista de larga data que fue jefe de la Secretaría de Inteligencia durante el Gobierno del peronista de derecha Carlos Menem, en la década de 1990, el Ejecutivo se montó sobre el testimonio de Labraña, ampliamente difundido durante años por redes cercanas a los represores, para denunciar que los familiares y organismos “inventaron” la cifra de desaparecidos para cobrar indemnizaciones o subvenciones. Milei dedicó buena parte del día a difundir tuits con el hashtag “memoria completa”, mientras que Villarruel machacó con “no fueron 30.000”.
El documental de Yofre incluyó el testimonio —también muy conocido— de una hija del capitán Humberto Viola, quien participaba de la represión en el norte argentino y fue acribillado en una acción del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP, guerrilla trotskista) en Tucumán, en diciembre de 1974. En ese ataque, una hija pequeña de Viola también fue asesinada y otra resultó herida.
El video del Gobierno ultra no hizo referencia a los miles de desaparecidos que hubo en Tucumán en la década de 1970 ni a que, el 1 de diciembre de 1975, el Ejército hizo explotar un auto cargado con supuestos miembros del ERP, en la misma esquina en que habían sido asesinados Viola y su hija. A Maby Picón, viuda del militar, esa venganza le pareció “horrorosa”, según dijo la mujer a este cronista, en 2006.
De las palabras del propio Yofre se desprende que el documental no tiene nada novedoso, salvo el hecho de que es la primera vez que es tomado como postura oficial de un Gobierno. Este experiodista y jefe de los espías afirmó en el inicio del relato que él escribió quince libros con sus interpretaciones, varios de ellos publicados por Penguin Random House. Suele, además, publicar notas en el sitio Infobae y es entrevistado con frecuencia en los multimedios Clarín y La Nación. El Gobierno de Menem, del que fue uno de sus pilares, fue el que firmó los indultos que dejaron en las calles a Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera y otro centenar de jerarcas de la dictadura.
No es la primera vez que Milei apela a la versión negacionista. Durante la campaña electoral, el extremista calificó en varias oportunidades a la lucha pór los derechos humanos como “un curro” y acusó a Madres y Abuelas de haber “usado la ideología para ganar plata”. La aguerrida Villarruel calificó a De Carlotto como un “personaje siniestro”.
La ofensiva sobre el “curro” de los derechos humanos, muy utilizada en su momento por el expresidente conservador Mauricio Macri, floreció cuando los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015) hicieron convenios con un sector de Madres de Plaza de Mayo para construir viviendas. El proyecto terminó en un fraude que involucró a quien era el hombre fuerte designado por Hebe de Bonafini, recientemente fallecida.
Un dato que pasa inadvertido para esa versión acusatoria sobre un movimiento tan diverso como es el de derechos humanos en Argentina es que las máximas dirigentes de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo han vivido en condiciones muy similares a las que tenían cuando desaparecieron sus hijos; en muchos casos, como Carlotto y Bonafini, en sus mismas casas en la ciudad de La Plata.
Con la dictadura todavía en pie, los represores calificaban como “viejas locas” a las Madres de Plaza de Mayo y decían que los desaparecidos estaban pasándose una gran vida en Europa. El discurso cómplice con la represión —algo más matizado años después cuando el histórico Juicio a las Juntas de 1985 dejó en evidencia la maquinaria masiva de terror— ha tenido un largo recorrido en sectores de ultraderecha, familiares de represores, editoriales del diario conservador La Nación y, hasta comienzos del siglo XX, oficiales de las Fuerzas Armadas.
Con respecto a la cifra de desaparecidos, el número de 30.000 fue sostenido por los organismos de derechos humanos ya en la década de 1970. Documentos reservados de la propia dictadura y del departamento de Estado norteamericano barajaban cifras congruentes con esa cifra.
Más tarde, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas estableció en la decada de 1980 que los desaparecidos fueron 9.089. No obstante, arrojar un número concluyente, cuando fue el Estado el que se empeñó en borrar el rastro de personas y de familias enteras, no es una meta del todo factible.
En las provincias del norte, la represión dictatorial se ensañó con poblaciones rurales y andinas, con menos posibilidades de luchar por sus víctimas. A su vez, para ciertas familias, la militancia política y guerrillera de sus hijos no era una causa compartida, por lo que nunca hicieron el reclamo judicial.
