Miguel Ángel Revilla lanza una OPA hostil contra los taxistas cántabros
El actual presidente de Cantabria que presume de ir en taxi, parece que a cambiado de bando y ha lanzado una OPA hostil contra el sector del taxi.
El pasado mes de agosto la Dirección General de Transportes del Gobierno de Cantabria impuso una sanción de 4.001 euros a un taxista de Ramales de la Victoria por trasladar a varios usuarios de este municipio, de Colindres y Laredo, hasta una mutua de Santander.
Así consta en la resolución del expediente sancionador, instruido por la administración y notificado este mes, por «realizar transporte público de viajeros de uso especial careciendo de autorización específica».
En septiembre de 2020, Transportes incoó el expediente sancionador, y en noviembre el denunciado presentó alegaciones, basadas en que la Federación Cántabra del Taxi fue adjudicataria de un servicio de transporte de distintos pacientes a diversos centros asistenciales de la mutua FREMAP. Aportó las solicitudes de itinerarios y manifestó que no era un servicio regular de uso especial, negando que existiera reiteración de itinerarios ni horarios.
En este sentido, la Federación del Cántabra del Taxi ha reafirmado en un comunicado que la UTE conformada con Radio Taxi Santander y Cantabria y Radio Servicios 88 es la adjudicataria del servicio de transporte de pacientes a los centros de FREMAP.
Según destaca este colectivo, Transportes desestimó dos solicitudes de autorización, al no considerarlo como un servicio regular de uso especial (cuando existe reiteración de itinerarios y horarios).
La Federación destaca que se aportaron facturas con el desglose de los trayectos, según las cuales los desplazamientos al centro asistencial «no coinciden regularmente los mismos pacientes», al residir en distintas localidades y tener citas en diferentes días y horas. Así, «existen constantes variaciones en los recorridos».
Pero según Transportes, el denunciado «no ha aportado prueba suficiente en contrario» a la denuncia que ha desembocado en el expediente sancionador.
La Federación Cántabra del Taxi ha indicado que esta sanción se suma a la denuncia a otro profesional del sector de Ampuero, «por aplicar una tarifa que ni siquiera existe». «Mientras los vehículos Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) campan a sus anchas sin ningún tipo de control, el Gobierno de Cantabria continúa con su política de acoso y derribo al sector del taxi».
Con todo ello, los taxistas solicitan la convocatoria de la Comisión de Seguimiento de Inspección, órgano que «se iba a reunir con carácter trimestral y que Transportes no reúne desde 2019».
La venganza del Gobierno de Cantabria
Cabe destacar que la Federación Cántabra del Taxi, presentó una denuncia el pasado mes de junio ante la fiscalía anticorrupción por un supuesto delito de prevaricación contra los responsables de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Turismo del Gobierno de Cantabria, por los procedimientos para la adjudicación de contratos de servicios de transporte escolar que convoca dicha consejería.
Los taxistas acusan a varias empresas concesionarias de duplicar las rutas y de haberse beneficiado de importes en rutas redundantes, sin que la Consejería de Educación haya hecho nada. Además, la denuncia presentada por los taxistas ante la fiscalía, presenta varias irregularidades, además de presuntamente un falseo de datos.
Casi un millón de euros en sanciones
El pasado mes de junio, a raíz de una denuncia interpuesta por la Confederación Cántabra del Taxi, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sancionó con casi un millón de euros a varias empresas de transporte con concesión del Gobierno de Cantabria por formar un cártel acreditando acuerdos de no competencia entre las empresas para no concurrir a las mismas licitaciones y preservar las rutas a favor de las empresas que las venían prestando.
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