El juez ha archivado esta semana toda una pieza de la macro causa Púnica que investigaba el pago con dinero público por parte de políticos del PP a empresas que promocionaban su figura con trabajos en internet de discutible ética. El aval de Manuel García Castellón a estas prácticas se sostiene en el argumento de que es imposible “disociar” la figura del político del cargo que éste ejerce en la administración, en el marco de la cual adopta medidas que afectan al ciudadano y que este tiene derecho a conocer. Con este paraguas recibe luz verde judicial la creación de periódicos zombis para inundar la red de propaganda de cargos públicos y que eso lo sufraguen los ciudadanos.
La resolución de García Castellón es la que tiene más impacto de cuantas le precedieron en un sentido similar tanto en el Tribunal Supremo como en instancias superiores al magistrado de la Audiencia Nacional. 40 cargos del PP se ven beneficiados del archivo de una de las prácticas investigadas en el caso Púnica que más impacto causó en su momento: las maniobras en la red de Alejandro de Pedro, gurú informático y mediador, al calor del poder local que acumulaba a principios de la década pasada.
