“Todos los votos, todo el tiempo”. La frase es del lehendakari Iñigo Urkullu y describe cómo será la legislatura si finalmente se logra articular una mayoría para formar Gobierno antes del 27 de octubre y el país no se aboca a unas nuevas elecciones. Urkullu descifró el futuro de Pedro Sánchez en su mandato más complicado. Y esa necesidad de conciliar todos los apoyos (salvo PP y Vox que anticipan una oposición feroz) ya ha quedado patente en los primeros acuerdos de investidura que los socialistas han fraguado con quienes esperan que sean socios para toda la legislatura. Esos pactos permiten vislumbrar ya los beneficios que obtendrán algunas comunidades autónomas si finalmente con el sí de Junts se logra reeditar un nuevo Gobierno progresista. Al depender principalmente de las fuerzas nacionalistas e independentistas catalanas, vascas y gallegas, sus respectivos territorios son los que han conseguido los principales traspasos o nuevas competencias, pero hay beneficios que llegarán a todos los territorios.
A la espera de que los socialistas cierren los pactos pendientes con Junts o PNV, los ya suscritos con Sumar, ERC y BNG –este último, a la espera de concretar los últimos flecos– lo que sigue es un repaso a los principales acuerdos que se van explicitando en negociaciones bilaterales.
El pacto firmado el jueves con los republicanos catalanes abre la puerta a una condonación de la deuda contraida con el Estado no solo para Catalunya –que es la que se concreta en el texto–, sino para todas aquellas comunidades autónomas de régimen común –todas, menos Euskadi y Navarra– que se beneficiaron de las ayudas del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a raíz de la crisis financiera de la década pasada.
Para entender cómo beneficiará esta última medida a las distintas autonomías es necesario retroceder hasta la crisis de 2008 y tener en cuenta el sistema de financiación de las comunidades, cuya reforma ha sido aparcada por los diferentes gobiernos desde hace más de una década.
¿Qué es el FLA?
Son las siglas del Fondo de Liquidez Autonómica. Este instrumento se creó en 2012, bajo el Gobierno de Mariano Rajoy, en el contexto de la crisis económica que dejó las cuentas españolas en una situación muy delicada. Esto se hizo más patente para las comunidades autónomas. Si para el Estado financiarse en los mercados era caro, para los gobiernos autonómicos era prácticamente imposible.
Por ello se creó el FLA, junto con otros instrumentos, para dotar de liquidez a los gobiernos autonómicos con los que poder financiar sus desequilibrios. En pocos años, algunas comunidades con más problemas para equilibrar sus cuentas acudieron en masa a esta vía para poder seguir financiando los servicios públicos que les corresponden.
¿Cuánto deben las comunidades al FLA?
Años después de la creación de este mecanismo, el Gobierno del PP unificó este y otros mecanismos, como el de pago a proveedores, en un mismo paraguas: el Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas. Según los últimos datos de este fondo, del año 2022, las comunidades deben al Estado casi 186.000 millones de euros, principalmente por el efecto del FLA. Por ponerlo en contexto, la deuda total de las comunidades es de 327.000 millones, por lo que más de la mitad de lo que deben los gobiernos regionales es al Ministerio de Hacienda.
¿Qué comunidades deben más a este fondo?
Catalunya es la que más deuda (en términos globales) acarrea todavía con este fondo. Son 71.300 millones de euros. Le siguen otras regiones como la Comunitat Valenciana o Andalucía, con 46.000 y 26.000 millones, respectivamente. Juntos suman la mayor parte de la deuda de este fondo y serían los más beneficiados con las condonaciones. Solo una comunidad autónoma no tiene deuda con el Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas: Madrid.
¿Es legal condonar deuda del FLA?
ERC y PSOE se han comprometido a desarrollar una norma que favorezca a todas las comunidades para calcular qué parte de deuda se podría condonar. Sin embargo, no es la primera vez que se establece por ley que el Estado pueda perdonar deuda de las comunidades. La misma ley que desarrolló el polémico artículo 135 de la constitución prohibía que el Gobierno central asumiera compromisos financieros de los territorios salvo una excepción: el propio fondo de liquidez. Es decir, fue un Gobierno del PP, con Cristóbal Montoro al frente del Ministerio de Hacienda, quien dejó la puerta abierta a estas modificaciones.
En varias ocasiones, el propio Montoro abordó la posibilidad de reducir la deuda de las comunidades para tratar de mejorar el sistema de financiación autonómica. Enfrente se topó con el rechazo del ministro de Economía, Luis de Guindos, que argumentaba que no podían relajarse los controles porque Europa seguía de cerca las políticas económicas del Gobierno.
La Comunidad de Madrid no acudió al FLA. ¿Se queda entonces sin ayudas?
La región, gobernada por el PP, se negó a acudir al FLA pese a que el Gobierno central, en manos del mismo partido, le animó a ello. La región buscó siempre vías de financiación en los mercados, lo que le granjeó sucesivos enfrentamientos públicos con el propio Montoro. Esperanza Aguirre cargó contra el sistema de financiación y los objetivos de déficit diferenciados por regiones, mientras que su Ejecutivo defendió públicamente que haber acudido al FLA le habría supuesto un endeudamiento mucho más caro.
Pero esa situación no deja a la región fuera de los sistemas de ayudas con las deudas que va a desarrollar el Gobierno tras el acuerdo de PSOE y ERC. Según señalan fuentes de la negociación a elDiario.es, se van a desarrollar esquemas para reducir la deuda de todas las comunidades. Si bien, aunque queda más claro el método en el caso de las que tienen deudas con el FLA, está pendiente de concretar qué vía puede desarrollar el Estado para ayudar también a la Comunidad de Madrid, bien con ayudas para el pago a proveedores o para ayudarle a saldar las deudas con terceros.
¿Qué cambia con el acuerdo de PSOE y ERC?
Lo que se conoce actualmente como compromiso del PSOE y ERC es que se va a crear un sistema para calcular qué impacto tuvieron los años de recesión económica tras la crisis de 2008 en la deuda de las comunidades. Ejercicios como 2012, 2013 y 2014 fueron muy activos para el FLA. Sin embargo, fuentes de la negociación añadieron que no solo se va a proponer una solución para las comunidades que acudieron a este fondo sino para todas. En el caso de Madrid y otras, todavía está por ver la letra pequeña de este cálculo.
El 20% de condonación que se acuerda para Catalunya no va a ser la referencia para todas las comunidades. Se estudiará caso a caso y las citadas fuentes expresaron que habrá regiones con un porcentaje mayor o menor, en función de un método objetivo de cálculo.
¿Qué otras medidas afectarán a Catalunya gracias a los pactos suscritos hasta el momento?
La medida de más calado es el traspaso de Rodalies, el servicio ferroviario de Cercanías, que pasaría del Ministerio de Transportes a la Generalitat. El acuerdo suscrito entre PSOE y ERC supondrá la creación de una empresa mixta entre el Estado y la Generalitat para culminar la transferencia a Catalunya tanto de los fondos necesarios para la gestión ferroviaria, como la titularidad de la red viaria y los trenes. Además, se traspasarán a la administración autonómica los recursos necesarios para hacer las inversiones necesarias para mantener y mejorar la línea y, adicionalmente, Adif cederá a la Generalitat la titularidad de parte de las vías, en concreto los tramos centrales de la R1, R3 y R2.
Otro de los puntos del pacto tiene que ver con la continuidad de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat, que en este caso supone “ratificar e impulsar” ese mecanismo. Como ya viene siendo habitual, se incluye “abordar el debate sobre el modo en que los acuerdos a los que se pueda llegar sobre el marco político de Catalunya puedan ser refrendados por el pueblo catalán”. Pero además, el documento prevé la creación de otra mesa, en este caso de partidos, y que esta esté coordinada por una persona neutral. Un mecanismo “que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos a los que se llegue”, escriben. En la misma línea, PSOE y ERC hablar de la necesidad de “culminar la desjudicialización” a través de una ley de amnistía, que tiene como objetivo “procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para afrontar un diálogo y una negociación en unas condiciones óptimas y equilibradas con las que abordar los retos del futuro inmediato”.
¿Qué se sabe de los acuerdos para Euskadi?
El PSOE no ha cerrado aún un pacto concreto con el PNV para confirmar su apoyo en la investidura –que, en todo caso, ya está comprometido– o al menos ninguna de las fuerzas políticas ha hecho público ningún documento con medidas. Distintos dirigentes del partido nacionalista demandan, en todo caso, que se abra un debate sobre la reforma del modelo de Estado para el reconocimiento de Euskadi como nación. También reclama el PNV el cumplimiento de los compromisos pendientes de la legislatura anterior, entre los que figura el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. Y pedirá a Sánchez “inversiones, infraestructuras, medidas y derechos que mejoren la vida de la ciudadanía vasca”.
El pasado 13 de octubre, tras confirmar a Sánchez que le darían su ‘sí’ en la investidura, desde EH Bildu se limitaron a explicar que su apoyo será a cambio de abrir una nueva legislatura que “debe profundizar en la ampliación de los derechos sociales y económicos de los trabajadores vascos y del Estado, la consolidación de políticas que fomenten la paz y la convivencia democrática en Euskal Herria y la apertura de un debate en torno a la plurinacionalidad del Estado y los derechos nacionales”. La formación independentista trabajará junto al Ejecutivo en “el desarrollo y consolidación de una legislatura de continuidad en sus aspectos más positivos, aunque con ambición para resolver las cuestiones pendientes”, sin dar más detalles.
¿Cuáles son las medidas concretas que afectan a Galicia?
El BNG pactó este viernes con el PSOE la creación de las cercanías ferroviarias en Galicia antes de finalizar la legislatura, así como la convocatoria, antes de finalizar 2023, de la Comisión Mixta de Transferencias para programar la activación de la transferencia de la totalidad de las competencias recogidas en el Estatuto de Autonomía de Galicia, así como de las competencias que habían sido objeto de consenso en el Parlamento autonómico.
Una de las principales medidas acordadas tiene que ver con la bonificación de las peajes en las autopistas gallegas de la AP-9 (que ahora tiene bonificado el viaje de vuelta en menos de 24 horas si se usa telepeaje, entre otros) y la AP-53, que une Santiago con Ourense para el tramo que tiene peaje directo a los usuarios en “usuarios superrecurrentes” y el “sector del transporte”.
¿Y qué dicen los acuerdos cerrados hasta el momento respecto al resto de las comunidades autónomas?
Además de la condonación de la deuda vinculada al FLA recogida en el pacto entre PSOE y ERC, que afectará a todas las comunidades de régimen común, el acuerdo suscrito entre los socialistas y Sumar también hace mención a medidas concretas que implican a distintos territorios.
La principal tiene que ver con el impulso de un nuevo modelo de financiación autonómica “que garantice los recursos necesarios para que la ciudadanía disfrute de servicios públicos de calidad”. En su acuerdo explicaron que será “un modelo basado en los principios de equidad, solidaridad, autonomía financiera, corresponsabilidad fiscal, suficiencia financiera y lealtad institucional para garantizar la igualdad de acceso de la ciudadanía a los servicios públicos, y que corrija la infrafinanciación de determinadas comunidades autónomas. El pacto hace una mención expresa a la Comunitat Valenciana y explica que mientras no se produzca la reforma general, ”en los Presupuestos Generales del Estado se garantizará a la Generalitat Valenciana y al resto de comunidades autónomas infrafinanciadas la prestación de los servicios públicos al mismo nivel que el resto del Estado“.
En materia ferroviaria, el pacto recoge la ampliación de la financiación para acelerar la ejecución del Corredor Mediterráneo “dando un especial impulso a la conexión Bobadilla- Algeciras por su componente estratégico también para el Corredor Atlántico, y del Corredor Sagunto-Zaragoza-Bilbao, como ejes ferroviarios prioritarios para la conexión ferroviaria valenciana”. PSOE y Sumar se comprometen también “a abrir la línea Zaragoza-Canfranc-Pau y a impulsar el corredor Cantábrico-Mediterráneo, además de ampliar y modernizar la red de Cercanías valenciana o la línea Alicante-Murcia y a conectar el Aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández con las ciudades de Elche y Alicante. También se plantean implantar una experiencia piloto de Obligación de Servicio Público aérea entre Menorca y Barcelona y, si los resultados son exitosos, ampliar la iniciativa a las conexiones de Ibiza y Menorca con Madrid, Barcelona y Valencia.
Los dos partidos también se comprometieron a trabajar en colaboración con las instituciones de Bruselas para que se produzca el reconocimiento efectivo de la insularidad de las Illes Balears por parte de la Unión Europea.
