El caso del suboficial de la Guardia Civil que ha confesado en una grabación los métodos ilegales que empleaba salpica también al asunto más relevante de cuantos se han ocupado él y el resto de su grupo, la causa del 8M. El brigada, imputado por las consecuencias que tendrían sus confesiones en un caso de narcotráfico, participó también en el intento de responsabilizar al Gobierno central de la expansión de la COVID cuando estalló la pandemia. Ahora, otro informe de su grupo asegura que él y sus compañeros abandonaron los seguimientos que hacían a los presuntos ‘narcos’ para dedicarse a impulsar el caso contra el feminismo y el Ejecutivo central.
Los atestados realizados por el Equipo de Delitos Económicos sirvieron para imputar al delegado del Gobierno durante la pandemia, José Manuel Franco, y concluir que el Ejecutivo autorizó la marcha feminista del 8M, pese a que sabía del riesgo que suponía para la salud. En sus atestados, los guardias civiles de la Comandancia de Madrid apuntaban también al epidemiólogo Fernando Simón y a distintos ministros. Estas tesis fueron permanentemente utilizadas por PP y Vox para desacreditar al Gobierno progresista y su gestión de la pandemia, llegándole a responsabilizar de cientos de contagios.
