Centenares de abogados se han movilizado en las últimas semanas en decenas de ciudades con la reivindicación de poder acceder a pensiones dignas cuando, tras décadas de trabajo, les llegue el momento de colgar sus togas. Lo que es una entendible reclamación esconde un enconado conflicto que tiene como protagonistas a miles de letrados que, en su día, confiaron sus futuras pensiones a una entidad privada, la Mutualidad de la Abogacía. Y que años después dicen sentirse “engañados” tras constatar que sus prestaciones, en muchos casos, apenas llegan a 300 o 400 euros al mes, por debajo incluso de las pensiones no contributivas.
La Mutualidad defiende que ha hecho una gestión transparente de esos activos y de las rentas en las que derivarían y afirma que estos abogados tienen pensiones más bajas porque, históricamente, sus aportaciones han sido bajas. Entretanto, las miradas de los afectados se dirigen al sistema público, al que piden poder acceder a través de una especie de “pasarela” que les permita ahora llevarse sus ahorros a la caja común y, de esta forma, poder acceder a mejores prestaciones. Es una posibilidad que, por el momento, no está sobre la mesa. Fuentes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social explican que, en todo caso, debería abordarse en el marco del Pacto de Toledo, que es la comisión parlamentaria que aborda el tema de las pensiones.
