“Mi jefe es buen chaval, pero solo quiere que suene”, se oye en la grabación al brigada. Está aludiendo al máximo responsable de su equipo especializado. La recompensa en las Fuerzas de Seguridad a los resultados se traduce en ascensos y condecoraciones, algunas pensionadas, con más posibilidades si los medios de comunicación se han hecho eco. El teniente Abel Marín Seoane, jefe del Equipo de Delitos Económicos, presume de tener “el pecho lleno de medallas”, según fuentes de la propia Guardia Civil. 

En la grabación, el brigada reconoce que su equipo coloca balizas –dispositivos de seguimientos– a investigados por narcotráfico y blanqueo sin autorización judicial. “Yo no puedo ir por detrás”, se excusa, en relación a las ventajas de los investigados si se aplican garantías. 

También describe cómo ordena a sus subordinados grabar a escondidas a un detenido mientras le trasladan en coche, sin abogado y encapuchados los agentes. “Soy el más ilegal de los ilegales”, dice en cuanto a sus métodos. En otro momento aclara que él nunca ha robado, pudiendo haberlo hecho, aunque conocía la trama de corrupción de sus superiores en un destino anterior, de gestión, el que se conoce ahora como caso Cuarteles. 

La grabación fue realizada por una mujer a la tercera cita que mantenían. Ella asegura que lo hizo para protegerse porque en el pasado ha tenido problemas con las esposas de hombres con los que mantuvo relaciones. Alega que después supo que un amigo suyo estaba investigado por narcotráfico y que le facilitó la grabación para que pudiera defenderse de los métodos ilegales de los investigadores. 

El brigada asegura que la mujer es colaboradora de los narcotraficantes, que accedió a él porque le llamó y aseguró que se había confundido. Estuvieron hablando un tiempo por teléfono y quedaron. Según el guardia civil, él sospechaba de ella, intentó infiltrarse en la organización y, por tanto, todo lo que decía era mentira. Estaba fingiendo, según su versión. 

S. B, iniciales del agente, declaró como imputado el pasado martes ante el juez Pedraz, quien instruye la causa por narcotráfico. Aseguró al juez que nunca contó a sus superiores la supuesta maniobra de infiltración, hasta que la grabación comenzó a ser publicada. Al final del audio se escucha a la mujer y al guardia civil pagando la habitación de un hotel. 

El equipo especial irrumpe en la política nacional

El Equipo de Delitos Económicos es parte de la Policía Judicial de la Guardia Civil en Madrid, unidad orgánica que integra junto al Equipo Antidroga. Delitos Económicos abarca desde estafas en su demarcación –tradicionales o por Internet– hasta casos de corrupción local. Sin embargo, en la primavera de 2020 les fue asignado un caso que convulsionaría la política española en un momento crítico para el país, el estado de alarma por la epidemia de la COVID-19. 

Un abogado que suma varias condenas había denunciado al delegado del Gobierno en Madrid por autorizar la marcha feminista del 8 de marzo a sabiendas de la gravedad de la epidemia. Ni una referencia a otros eventos masivos, como el partido que enfrentó ese mismo fin de semana al Atlético de Madrid y al Sevilla en el estadio Metropolitano de la capital. 

Los atestados redactados por el Equipo de Delitos Económicos, con la firma de su jefe, el teniente Abel Martín Seoane, provocaron la imputación del delegado del Gobierno entonces, José Manuel Franco. Pero iban más allá: se fijaban en el rostro del Gobierno durante la crisis sanitaria, el epidemiólogo Fernando Simón, blanco de los ataques más duros de la derecha y la extrema derecha, y en miembros del Ejecutivo, como la ministra de Igualdad, Irene Montero. 

elDiario.es accedió al contenido íntegro de esos informes descubrió que estaban plagados de bulos, tergiversaciones de datos públicos y sesgo ideológico. Para cuando la jueza Carmen Rodríguez Medel archivó la causa, el daño ya estaba hecho. En la diana, el feminismo, que se habría manifestado irresponsablemente, y un Gobierno al que se había acusado de provocar muertos a sabiendas. Con cientos de víctimas mortales a diario, la crispación alcanzaba niveles extraordinarios. 

El brigada de la grabación estampó su firma en seis diligencias incorporadas a aquellos atestados. Como instructor figura uno de sus compañeros y de secretario de las actuaciones, el teniente Abel Martín Seoane. 

La mujer que grabó al brigada declaró ante Pedraz el pasado julio que creía que el brigada “se desahogaba” con ella y que le hablaba durante horas de asuntos como el “8 de mayo” –en lo que parece una alusión al caso del 8 de marzo– o de Piqué, en relación con la investigación sobre el ex jugador del Barça y Luis Rubiales que se sigue en un juzgado de Majadahonda (Madrid).

Seguimientos y dispositivos ilegales

La imputación del brigada se ciñe, por el momento, a la causa de narcotráfico en la que era investigador y ahora es investigado. La mujer muestra interés por cuestiones muy concretas y él no ahorra en detalles. “¿Y luego, por ejemplo, si ves dónde va, ¿tienes que decir por qué lo has encontrado, con la baliza y todo?”, pregunta ella. Y el agente responde: “No, porque es falso todo. Esa baliza es ilegal. Yo soy el más ilegal de los ilegales”. 

El agente alude a un suceso que denunció uno de los investigados en la causa por narcotráfico, consistente en el hallazgo en su vehículo de dos balizas. El brigada, en las grabaciones, se refiere a este suceso: “De hecho, a este que vamos a detener ya le detuvimos. Nos había quitado dos balizas. Y con lo que es, en el coche, les digo: montadle en el coche y le lleváis al juzgado vosotros, encapuchados o como queráis. Y rascadle un poquito a ver por qué (…) Vamos a jugarle un poquito psicológicamente a ver qué nos cuenta”.

El resultado de los informes falseados sobre el 8M motivó que el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, centrara la responsabilidad en el responsable máximo de la Comandancia de Madrid, el coronel Diego Pérez de los Cobos. La destitución provocó una pugna legal que derivó en una victoria de Pérez de los Cobos y la restitución en su puesto, después de que el Tribunal Supremo declarara ilegal su cese.

Mientras la batalla con Pérez de los Cobos acaparaba la atención, el teniente Marín Seoane seguía en su puesto. Interior abrió una investigación para averiguar el origen de las filtraciones a medios conservadores de los informes, o como mucho al tiempo, de que la jueza del caso los recibiera en su despacho. El resultado fue catastrófico. 

Detenciones, registros y la televisión presente

El coronel que aceptó sustituir a Pérez de los Cobos encomendó esa misión a un comandante, que ordenó clonar todos los ordenadores de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Madrid. Cuando se le requirió para que acelerara su investigación, el comandante entendió, o eso alegó, que se le estaba instando a poner fin a la misma, e hizo desaparecer toda la información recabada. 

Dicho comandante fue sancionado con cinco días de empleo y sueldo pero recurrió por la vía de lo Contencioso-Administrativo y ganó. Los filtradores, si es que eran distintos a los que habían tergiversado los hechos en sus atestados, jamás recibieron castigo. La Dirección de la Guardia Civil no recurrió la decisión judicial sobre el comandante. 

El Equipo de Delitos Económicos continuó su trabajo y el 15 de diciembre de 2021, con las cámaras de Telemadrid presentes, procedió a registrar el Ayuntamiento de San Martín de Valdeiglesias y a detener a un total de 17 personas en una operación sobre presunta corrupción del equipo de gobierno anterior, perteneciente al PSOE. Una de las detenidas fue la exalcaldesa, Mariluz Lastras. 

Los arrestos se produjeron pese a que los delitos que entonces se les atribuían no llevan aparejadas grandes penas de prisión, caso de la prevaricación y malversación. Fueron detenciones policiales, sin auto judicial. Sirvieron para conducir a los responsables socialistas a dependencias policiales y que pasaran allí unas horas. 

Más de la mitad de los detenidos entonces no están ya investigados, aunque sí siguen imputados varios miembros del equipo de gobierno, incluida la exregidora. El secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, aprovechó para hacer unas declaraciones a la televisión pública madrileña, asegurando que los arrestos eran “la punta del iceberg de la trama de corrupción más importante” en la historia del PSOE madrileño. 

Dos años después, la pasada primavera, en una segunda fase de la operación, el brigada imputado citó a un empresario a las dependencias del Equipo en Tres Cantos. Le advirtió que fuera acompañado de abogado. En la grabación dice a la mujer que eso le ahorraba el desplazamiento a la citada localidad madrileña. 

Cuando el empresario se presentó en Tres Cantos, el brigada le comunicó que procedía a su detención. Fueron unas horas en las que se le filió y realizó algunas preguntas, pero el brigada tuvo tiempo de advertirle que “con un par de botellas de vino” se lo podía haber ahorrado. El detenido es dueño de una importante bodega. “Ves todos los que estamos aquí. Pues a todos nos gusta el vino”, cuenta a la mujer que le dijo al detenido. El empresario no sabe a día de hoy si sigue investigado y se plantea ejercer acciones legales contra el brigada y el resto del Equipo de Delitos Económicos. “No conocía ni el delito que le hemos metido”, confiesa el guardia civil a la mujer en el audio. 

La respuesta de la Guardia Civil a la imputación del brigada ha sido encargar a su jefe directo, Marín Seoane, una información reservada por si hubiera indicios de responsabilidades disciplinarias. Esa investigación preliminar ha quedado, porque así lo indica el reglamento, paralizada a la espera de que haya una resolución judicial firme. Se desconocen sus avances pero se pueden intuir por un escrito que ha dirigido Marín Seoane al juez dando por buenas las explicaciones de su subordinado, respecto a que la mujer era una enviada de los narcos y que él se dedicó a fingir para infiltrarse en el grupo. Tanto como para pagar una habitación de hotel con ella, según se escucha en la grabación, y no informar de nada a sus superiores, como declaró en la Audiencia Nacional.

El jefe del Equipo de Delitos Económicos, Marín Seoane, imputado y exculpado en su momento acusado de dar una paliza a un hostelero de Móstoles que le acusó de extorsión, así como de protagonizar un tiroteo con la banda de los Miami, sigue al frente del Equipo de Delitos Económicos. Fuentes de la Guardia Civil aseguran que acaba de ascender a capitán y que se le va a asignar un nuevo destino acorde a su superior rango.