La Guardia Civil ha solicitado a la Audiencia Nacional información sobre la investigación al brigada que aparece en una grabación confesando ilegalidades y que el juez Santiago Pedraz ha imputado por un presunto delito cometido por funcionario público. En un escrito remitido por los responsables de la Comandancia de Madrid, al que ha tenido acceso elDiario.es, el instituto armado solicita al juzgado que “informe sobre el estado de la tramitación diligencias previas 3701/2019”, la pieza separada de un caso de narcotráfico y blanqueo en el marco de la cual está investigado el brigada del Grupo de Delitos Económicos.
El juez Pedraz interrogó como investigado el pasado septiembre al guardia civil Sergio B. El brigada aparece en una grabación asegurando que había colocado balizas ilegales y ordenado interrogar a un detenido sin presencia de un abogado. Los letrados de unos presuntos narcotraficantes a los que investigaba el brigada lograron que el juez incorporara a la causa las grabaciones, realizadas por una mujer con la que el brigada mantuvo una relación esporádica. Durante su declaración en la Audiencia Nacional, el brigada trató de convencer al juez de que estaba fingiendo y que sabía que la mujer era un señuelo de la organización de narcotráfico investigada. La grabación acababa con el guardia civil y la mujer pagando la habitación de un hotel.
La imputación del brigada el pasado julio motivó la apertura de una investigación interna en la Guardia Civil. Como medida preventiva, el agente fue apartado a tareas burocráticas. Los expedientes disciplinarios se detienen hasta que hay una resolución firme de los tribunales, pero cabe la adopción de medidas cautelares contra el investigado distintas a ser apartado del destino que tenía únicamente. Las sanciones, o el archivo del expediente disciplinario, se adoptan cuando finaliza la investigación judicial.
Santiago Pedraz decidió la semana pasada inhibirse en favor de un juzgado de la ciudad de Madrid, por considerarlo competente para investigar a partir de ahora al suboficial de la Guardia Civil. De acuerdo con la fiscal, Pedraz concluye que debe ser un juzgado de Madrid capital quien investigue porque en esta ciudad está la sede de la Audiencia Nacional y allí fue donde se consumó el presunto delito, es donde se habría cometido el delito, con independencia de que la colocación de las balizas se hubiera “planeado y puesto en funcionamiento en la sede de la oficina del investigado”, ya fuera en Las Rozas, Móstoles o Tres Cantos, localidades donde la Comandancia de la Guardia Civil tiene sus sedes.
En la grabación aludida, el brigada atiende una llamada de su jefe, el responsable del Grupo de Delitos Económicos, al que da a entender que el teniente es conocedor de las ilegalidades y está al frente de las mismas. “Mi jefe solo quiere que suene”, se le oye en la grabación, refiriéndose a la repercusión mediática de las operaciones de su grupo. De esas investigaciones, la más mediática fue la que consiguió que una jueza de Madrid imputara al delegado del Gobierno durante la pandemia, José Manuel Franco, por haber permitido la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020, a sabiendas del riesgo para la población por la expansión de la Covid-19.
Los atestados del brigada y su grupo buscaban señalar a miembros del Gobierno, pero resultaron ser un cúmulo de conjeturas, tergiversaciones y bulos con sesgo ideológico. La causa resultó archivada después de un enorme terremoto político en plena crisis pandémica. Con independencia de ello, Pedraz se ha centrado en investigar las presuntas actividades ilegales de los guardias civiles en relación con el caso que investiga en su juzgado, el de narcotráfico y blanqueo.
