No hay ningún borrador ni texto preliminar —al menos, que se haya hecho público—, pero la hipótesis de que el PSOE y las fuerzas independentistas aborden el carpetazo definitivo al procés a través de una amnistía ya ha provocado reacciones críticas en los sectores más conservadores de la judicatura y la fiscalía. Un posicionamiento público que coincide con los movimientos del Partido Popular, que esta semana ha endurecido su discurso tratando de ahondar en la deslegitimación de instituciones democráticas como el Tribunal Constitucional. Precisamente, la instancia que tendrá la última palabra sobre cualquier iniciativa jurídica de despenalización de las causas que derivan del 1 de octubre de 2017.
