Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, ofreció a la Fiscalía de Madrid un acuerdo en el que reconocía los delitos para evitar el juicio. El empresario, acusado de defraudar 350.000 euros mediante facturas falsas proporcionadas por otras empresas, envió un correo a la Fiscalía a través de su abogado el pasado 2 de febrero: “Ciertamente se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública”.
El correo, avanzado por la cadena Ser y al que ha tenido acceso elDiario.es, está firmado por Carlos Neira, el abogado que representa a González Amador en este caso. En él puede leerse que el letrado asegura que es conocedor de que la Fiscalía ha recibido una denuncia por parte de la Agencia Tributaria en relación a dos posibles delitos fiscales cometidos en los ejercicios de 2020 y 2021.
“Estudiado el asunto, y de común acuerdo con Albert (sic) González, les comunico que es voluntad firme de esta parte alcanzar una conformidad penal”, sostiene el abogado de la pareja de Ayuso, que reconoce que se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública y expone su voluntad de “proceder a resarcir el daño causado pagando íntegramente la cuota e intereses de demora” a la Agencia Tributaria.
Ese email desmiente a la presidenta de la Comunidad de Madrid, que este jueves aseguró que su pareja está bajo “una inspección de Hacienda sacada de quicio”, que “es falso que sea él quien debe a Hacienda 350.000 euros” y que es Hacienda quien le debe a él 600.000 euros: “Mi pareja no está en ninguna trama, está sufriendo una investigación salvaje de Hacienda sacada de quicio que se ha orquestado para dañarme a mí”.
La confesión que su pareja envió a la Fiscalía choca absolutamente con el relato de la presidenta madrileña, que se ha presentado como la víctima de “una persecución política escandalosa”. González Amador, lejos de presentarse como una víctima o negar los hechos, ha intentando reconocer los delitos para evitar un juicio y rebajar la condena con un pacto. Ayuso ha llegado a decir que la investigación a su pareja tiene que ver con la utilización de “todos los poderes del Estado” contra ella.
El email también desmiente al jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad, Miguel Ángel Rodríguez, quien ha asegurado que fue la Fiscalía quien se dirigió por mail a la pareja de Isabel Díaz Ayuso para ofrecerle el pacto. No es cierto, fue la defensa del empresario quien tomó la iniciativa de ponerse en contacto con la Fiscalía para ofrecer un pacto, que por ahora no se ha aceptado.
Resumen de la locura de hoy: la fiscalía ofrece por email un acuerdo al sr. González; antes de que pueda responder, las misma Fiscalía dice que ha recibido órdenes «de arriba» para que no haya acuerdo y, entonces, vayan a juicio.
— MÁR (@marodriguezb) 13 de marzo de 2024
La Fiscalía no aceptó el ofrecimiento y presentó la denuncia el pasado 5 de marzo. El escrito ha recaído en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que ahora tiene que decidir si, como pide el Ministerio Público, imputa a Alberto González Amador y a otros cuatro empresarios que le habrían ayudado con el falseamiento de las facturas.
González Amador ha sido denunciado por dos delitos contra Hacienda cometido en los ejercicios 2020 y 2021, que en total suman 350.000. Además, la denuncia añade un delito más de falsedad documental por haber intentado pagar menos impuestos presentando facturas por trabajos que no se realizaron nunca. El presunto fraude se cometió para pagar menos impuestos por los casi dos millones de euros que González Amador había ingresado por hacer de intermediario en una compraventa de mascarillas.
El informe de la Agencia Tributaria atribuye a Alberto González Amador dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades por 155.000 euros en 2020 y de otros 195.951,41 euros el ejercicio siguiente. También le imputa falsedad documental por presentar facturas falsas a través de empresas externas con el objetivo de rebajar los beneficios extraordinarios de sus sociedades.
En total, sus compañías presentaron 15 facturas falsas por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros. Fue el método utilizado para desgravar gastos que nunca se realizaron, reducir los beneficios declarados al fisco y pagar 350.000 euros menos en impuestos durante dos anualidades.
Las posibilidades de un acuerdo
El Código Penal y la normativa tributaria recogen varias opciones para que un defraudador fiscal pueda evitar el banquillo o, al menos, ver reducidas sus condenas de manera sustancial. Por el momento, según Hacienda, Alberto González Amador no ha cumplido ninguno de esos requisitos.
Uno de ellos, ya fuera de su alcance, es pagar la deuda antes de saber que se está siendo investigado. En este caso, las indagaciones de la Agencia Tributaria le fueron notificadas a él y a sus empresas en mayo de 2022 sin que, hasta la fecha, haya regularizado su situación, a tenor de lo recogido en los informes del caso.
Otro camino es el de reconocer tanto el delito como pagar la deuda antes de que empiece un hipotético proceso penal. El artículo 305.6 del Código Penal establece que los jueces podrán imponer la condena “inferior en uno o dos grados” siempre que antes de que pasen dos meses desde su citación judicial como imputado el acusado pague su deuda tributaria y “reconozca judicialmente los hechos”.
Alberto González Amador todavía no ha sido imputado. Un juzgado de Madrid, tal y como ha explicado este miércoles elDiario.es, ha recibido la denuncia de la Fiscalía contra él por fraude fiscal y falsedad documental, a la espera de que en las próximas semanas tome una decisión sobre si abre o no una causa y le imputa, tal y como pide el Ministerio Público. Todas estas posibilidades de beneficios penales afectarían a su acusación de delito fiscal, formulada por la Fiscalía en concurso con otro ilícito de falsedad documental por la supuesta falsificación de hasta 15 facturas.
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