la batalla contra una ciudad policial (y el racismo) en el pulmón de Atlanta

“Fuck the police, pero con alegría”, solía decir a su madre Manuel Paez Terán, y se lo repitió por teléfono pocos días de que un agente en Atlanta le arrebatara la vida hace un año. Se encontraba en el bosque Weelaunee, el mayor espacio verde de la capital de Georgia, donde llevaba siete meses acampado en protesta contra la construcción de un enorme centro de militarización policial en ese enclave. Un macrocomplejo, de 34 hectáreas y 90 millones de coste inicial, destinado a alojar y entrenar a las fuerzas del orden de todo el país en tácticas de guerrilla urbana. Una “ciudad policial”, financiada por grandes corporaciones, que no ha sido votada por los ciudadanos y servirá de escuela para reprimir protestas.

A Manuel le acribillaron con la misma brutalidad policial contra la que protestaba, en el mismo bosque que estaba defendiendo de la deforestación: recibió 57 heridas de bala, que le harán pasar a la historia como el primer activista climático asesinado por la policía en suelo estadounidense. Se convirtió en un mártir de la causa contra esta ciudad policial en pleno pulmón de Atlanta, una oposición transversal, que bebe del movimiento Black Lives Matter y aúna a ecologistas, activistas contra la violencia policial, anarquistas, líderes religiosos y amplios sectores de la sociedad atlanteña.

Manuel, que había nacido en Venezuela 26 años atrás, se identificaba como una persona no binaria y todos le conocían como tortuguita. El sobrenombre, según recuerda su madre, Belkis Terán, se lo pusieron los miembros de la nación Muscogui Creek, uno de los últimos pueblos originarios de EEUU, que habitaron el bosque hasta que fueron desplazados forzosamente en 1830, y con los que Manuel se había relacionado en los últimos meses.

“Manuel se enamoró del bosque Weelaunee. Yo le decía que no se quedara ahí, que se fuera para otra parte, porque a mí me daba miedo. Le decía que eso estaba en disputa y era peligroso, porque había policías envueltos. Me dijo: ‘Mami, es que aquí me necesitan’”, explica Terán en una entrevista con este medio.

Un mes antes, la policía había hecho otra redada y se llevó detenidos a una docena de sus compañeros, imputados con cargos de terrorismo. Un año después, la represión contra el movimiento Stop Cop City (paremos la ciudad policial) no ha dejado de crecer: otros 61 compañeros se enfrentan a un juicio, acusados de pertenecer a una banda para el crimen organizado. El motivo: protestar contra la construcción de una ciudad –con sus casas, sus calles, sus campos de entrenamiento– para la preparación de policías y en contra de la voluntad popular.

El enorme complejo policial, cuyo nombre oficial es Centro de Formación de Seguridad Pública de Atlanta –aunque todo el país, e incluso Wikipedia, se refiere a él como Cop City–, supone una amenaza para las comunidades indígenas, pero también para la población mayoritariamente negra que habita sus alrededores y para la ciudadanía en general: sus detractores denuncian que se trata de un verdadero crimen medioambiental en Atlanta, otrora conocida como “la ciudad en el bosque”.

“Varios informes municipales previos a su construcción se refieren al bosque Weelaunee como el principal pulmón de Atlanta. No solo proporciona oxígeno a la ciudad, también sirve de muro de contención ante las inundaciones y es el hogar de una importante diversidad animal”, explica Hannah Riley, activista por los derechos humanos y una de las organizadoras del movimiento. “Además, la tala de estos árboles va a ser enormemente perjudicial para Atlanta, una ciudad que ya es peligrosamente cálida en verano”.

Además, este polémico centro va a ser construido en el condado DeKalb, que, a pesar de que pertenece a Atlanta, no tiene representación en el ayuntamiento. Es decir, los propios habitantes del condado no tienen ni voz ni voto sobre su construcción, a pesar de que afectará directamente a sus vidas. Por ello, reunieron 116.000 firmas para hacer un referéndum en noviembre, pero este ha sido impugnado por el ayuntamiento y de momento está en manos de los tribunales. 

El asunto, en el centro del debate nacional sobre el futuro de la policía en EEUU, ha provocado multitudinarias manifestaciones desde que se propuso el complejo. Unas protestas en las inmediaciones del bosque Weelaunee que, reiteradamente, han sido reprimidas con dureza por la policía de Atlanta.

Una ciudad policial en el hogar de Luther King

Atlanta, lugar de nacimiento de Martin Luther King Jr. y con larga tradición en el movimiento por los derechos civiles de los afroamericanos, fue un importante foco de protestas en 2020 tras el asesinato de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis (Minnesota) y el de Breonna Taylor en Louisville (Kentucky). 

Tres semanas después de la muerte de Floyd, la ciudad sureña también tuvo a su propio mártir de la brutalidad policial, Rayshard Brooks, un afroamericano de 27 años que se encontraba descansando en su vehículo en el aparcamiento de un restaurante Wendy’s cuando fue asaltado por un agente, que lo mató con tres disparos por la espalda. 

Inspirados por el movimiento Black Lives Matter, los atlanteños salieron masivamente a protestar de forma pacífica. Sin embargo, un sector reducido provocó importantes disturbios y llegó a incendiar el restaurante ante el que habían matado a Brooks. Las autoridades usaron ese fuego como justificación para construir Cop City.

“En esas protestas, pedimos la desfinanciación de la policía, incluso su abolición, y la búsqueda de alternativas a la seguridad pública. Pero la respuesta de la alcaldesa –la afroamericana Keisha Bottoms– fue insistir en la militarización”, dice Kamau Franklin, abogado con más de una década de experiencia contra la brutalidad policial y uno de los líderes del movimiento Stop Cop City.

En la web del proyecto, el ayuntamiento destaca la “importancia ecológica” de la zona y dice seguir comprometido “con su preservación mediante una gestión responsable ahora y en el futuro”. También defiende que la construcción del centro “contribuirá a inyectar nueva energía a los esfuerzos por hacer accesible esta zona a los residentes y visitantes de Atlanta”.

Desde que se planteó el proyecto, los vecinos salieron a las calles a protestar, pero no fue hasta la muerte de tortuguita cuando el movimiento se ganó la atención mediática de todo el país. A pesar de la oposición popular, e ignorando la recogida de firmas suficientes para pedir la celebración de un referéndum, la ciudad de Atlanta, gobernada por demócratas, decidió seguir adelante con el plan. Y mientras los activistas batallan en los tribunales para que pueda darse la votación que piden en las elecciones presidenciales del próximo noviembre, ya se ha completado la tala del bosque y el terreno está listo para la construcción de la ciudad policial.

Al servicio de las grandes corporaciones

El macrocomplejo será financiado y dirigido por la Atlanta Police Foundation (AFP), una de las numerosas asociaciones privadas y sin ánimo de lucro que existen en EEUU para dar apoyo a las fuerzas del orden, y que podrían parecer un tanto marcianas en Europa. Su función principal es asegurarse de que el apoyo económico a la policía sigue vivo, ante el creciente movimiento defund the police (desfinanciar a la policía), sea cual sea el color político del gobierno de turno.

“A raíz del asesinato de Mike Bown (un joven de 18 años al que mataron a tiros) en 2014 y las protestas que surgieron a continuación, cuerpos policiales de todo el país decidieron fundar un mecanismo alternativo para mantener la financiación de la policía, incluso cuando el voto popular pidiese lo contrario”, explica Franklin. Entre otras acciones, estas fundaciones financian proyectos, construyen alojamientos para los agentes –contribuyendo a los procesos de gentrificación de algunos barrios– e incluso les dan puntualmente bonus, como ocurrió por su respuesta durante el levantamiento contra el racismo institucional en 2020.

En el caso de la AFP –que se ha convertido en la segunda fundación policial más grande del país, después de Nueva York, a pesar que la policía de Atlanta es la vigésima–, está financiada por grandes compañías como Delta Air Lines, Waffle House, The Home Depot, Georgia-Pacific, Equifax, Accenture, Wells Fargo y United Parcel Service (UPS). 

En 2021, año en el que se dio luz verde al proyecto, generó 28,1 millones de dólares, una cifra quince veces superior a sus ingresos de 2011 y el doble que la Fundación Policial de Las Vegas. Para la ciudad policial de Atlanta, el gasto inicial será de 90 millones de dólares, de los cuales 30 millones proceden de los impuestos de los ciudadanos (a los que se les niega el referéndum), y el resto de la AFP y contribuciones individuales.

“Con los años, las fundaciones policiales se han puesto al servicio de las grandes corporaciones y, por tanto, en contra de la clase trabajadora y las comunidades negras. Al fin y al cabo, esa es la función de la policía: mantener el llamado orden público para servir al capital y la propiedad privada”, denuncia Riley. 

En su opinión, la AFP “tan solo existe para recaudar el oscuro dinero de las grandes empresas para financiar a la policía. Al ser una organización sin ánimo de lucro, no tiene que declarar exhaustivamente sobre el origen de dicho dinero”. Esta fundación, añade Franklin, “es la principal responsable de que Atlanta sea la ciudad más videovigilada del país, y una de las principales del mundo, a excepción de cinco grandes ciudades chinas”.

La policía de Atlanta, prototipo de país

Si hay un asunto capaz de unir al alcalde demócrata de Atlanta, el afroamericano André Dickens, y al gobernador republicano de Georgia, el supremacista Brian Kemp –a pesar de la creciente e insalvable polarización entre ambos partidos–, es la defensa del Estado policial. El mismo consenso ocurre en la mayoría de grandes ciudades y estados del país norteamericano.

Pero Atlanta se ha convertido en una especie de fantasía para los adalides de la militarización policial. Su futura Cop City “ya está sirviendo de prototipo, incluso antes de ser construida: otras ciudades del país están llevando a cabo proyectos similares, con enormes centros de entrenamiento, auténticas bases militares para la policía, cuyo objetivo es formar a los agentes en tácticas de guerrilla urbana”, asegura Franklin. 

El claro ejemplo es Baltimore, ciudad mayoritariamente afroamericana (62,3%), donde se ha propuesto un proyecto todavía mayor, de 330 millones de dólares de coste inicial. También hay iniciativas similares planteadas o en marcha en San Pablo (California), con 43,6 millones de dólares de inversión inicial, en Chicago (Illinois), con un coste de 170 millones, y en otras ciudades del país. “Ninguno de estos proyectos tiene nada que ver con perseguir el crimen, sino con el control de las masas cuando salen a manifestarse. Su objetivo es debilitar todo levantamiento popular para que el statu quo prevalezca”, concluye Franklin.

En marzo del año pasado, se llevó a cabo una protesta contra la construcción de las instalaciones de Atlanta. Las autoridades dicen que decenas de manifestantes enmascarados irrumpieron en las obras, algunos incendiaron equipos de construcción y otros lanzaron artefactos a los agentes. Los activistas han cuestionado las pruebas porque los manifestantes fueron detenidos posteriormente en un festival de música a más de un kilómetro de distancia.

El legado de tortuguita

La represión contra los opositores, acusados de terrorismo y pertenencia a grupos del crimen organizado, y el caso de Manuel Paez, en medio de una acampada pacífica, han contribuido a hacer más grande el movimiento. “Tortuguita nos ha inspirado: vivió profundamente alineado con sus principios, y puso su cuerpo para defenderlos”, apunta Riley. “Su asesinato fue increíblemente aterrador, pero a nadie le sorprendió demasiado: sabíamos que era cuestión de tiempo que la policía matara a uno de nosotros, porque esto es EEUU y eso es lo que hace la policía todo el rato”.

La policía justificó su acción asegurando que él había disparado primero; sin embargo, esta acusación es inconsistente con un video publicado por el mismo departamento policial, que muestra, desde la cámara de otro agente, la secuencia que terminó con 57 disparos sobre su cuerpo. La familia de Manuel discrepa de la versión oficial y ha llevado a cabo una autopsia independiente que demuestra que sus manos estaban alzadas en el momento del tiroteo.

Tras meses de investigación, la Fiscalía dijo que el uso de la fuerza letal por parte de los policías fue “objetivamente razonable dadas las circunstancias del caso”.

“Ahora dicen que mi hijo promovía la violencia, pero eso no es cierto: Manuel jamás la predicó ni la usó. Él tenía sus enojos con la policía, sus rabias internas, y usaba un diario para desahogarse como terapia”, dice Terán. Ahora la policía está usando ese diario, encontrado en el lugar de los hechos, para construir la acusación contra los otros activistas acusados de terrorismo. “Nos ha tocado vivir de frente la maldad de la sociedad”, lamenta. “Era un santo, incapaz de atacar a alguien, y mucho menos de quitarle la vida”. 

Para honrar la memoria de Manuel, Terán se ha involucrado en el último año en el movimiento y asegura que no parará hasta poner fin a la ciudad policial. “Tengo claro cuál es mi labor: me han nombrado la mamá del movimiento, y una mamá vela por la salud, la alimentación y el estado emocional de sus hijos. Como mamá, voy a darlo todo para parar ese centro de entrenamiento. Voy a transmitir a todos esos jóvenes mi amor y el punto de vista de Manuel: no creo en la violencia y no creo que con ella vayas a resolver nada”, dice. “Para ‘joder a la policía’, tenemos que estar alegres”.