El secretario general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha dado por hecho que Carles Puigdemont será su candidato a las elecciones catalanas que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha decidido adelantar para el próximo 12 de mayo tras el revés a sus presupuestos. “Iremos a por todas, el país se juega mucho”, ha afirmado.
Turull ha comparecido en el Parlament después del anuncio de Aragonès. Además de criticar sin matices al president, al que ha acusado de “sectarismo y calculo electoral”, Turull ha dado por hecha la presencia de Puigdemont en el Parlament tras los comicios: “La persona que todos tenemos en la cabeza estará en Catalunya el día del posible debate de investidura”.
El adelanto electoral decidido por Aragonès ha cogido a Junts sin un candidato claro a la presidencia de la Generalitat, por lo que Turull ha empezado la precampaña con su principal baza en cualquier tipo de comicios: el retorno de Puigdemont. Ya ocurrió en las elecciones de 2017 tras el 155, en las que el lema de Junts fue “para que vuelva el president, hay que votar al president”. El expresident no volvió porque si ponía un pie en España, hubiera sido detenido. Siete años después, la historia se repite. Pero hay una diferencia: la ley de amnistía.
Puigdemont no tiene a día de hoy impedimentos legales para ser candidato. De hecho, hasta hoy era el candidato oficioso –a falta de proclamación oficial– para los comicios europeos del 9 de junio. Sin embargo, la orden de prisión vigente en España ya le impidió presentarse al debate de investidura en 2018, ya que el Constitucional y los letrados del Parlament determinaron que tenía que ser de forma presencial y no telemática.
Para corroborar si el pronóstico de Turull es necesario coger el calendario político y judicial. La amnistía se aprobará este jueves en el Congreso, y empezará su trámite en el Senado, que se alargará dos meses como máximo (así lo quiere el PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, para retrasar al máximo su entrada en vigor). A mediados de mayo la norma, una vez rechazada en el Senado, volverá al Congreso para su aprobación definitiva, que podría darse a finales de ese mes o a principios de junio, esto es, con los comicios catalanes celebrados.
A partir de la entrada en vigor de la norma, los jueces tendrán dos meses para aplicar la norma. La ley es clara en este sentido para permitir un retorno rápido de Puigdemont a España al establecer que, aunque los tribunales planteen cuestiones de inconstitucionalidad o prejudiciales contra la amnistía, su obligación es dejar sin efecto las órdenes de prisión provisional mientras se resuelven sus impugnaciones contra la ley.
El plazo de aprobación y aplicación de la amnistía discurrirá en paralelo al parlamentario catalán: tras las elecciones de mayo, el Parlament tiene de plazo hasta el 7 de junio para constituirse. El primer debate de investidura debe celebrarse, a más tardar, diez días después, esto es, el 21 de junio. Si el candidato no logra ser investido, a partir de entonces se abre un plazo de dos meses, que vencería, como tarde, el 21 de agosto, para que sea investido otro candidato. En caso contrario, los catalanes volverían a votar en otoño.
