Esquerra Republicana, EH Bildu y el Bloque Nacionalista Galego han registrado este jueves una solicitud conjunta para abrir una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre el espionaje a dirigentes políticos con el software Pegasus. La creación de una comisión en la Cámara Baja sobre este asunto era uno de los compromisos que firmó el Partido Socialista con los independentistas para asegurar la Presidencia del Congreso para Francina Armengol.
La investigación que proponen los grupos pretenden indagar sobre las informaciones de Citizen Lab, un laboratorio especializado en investigar sistemas de cibervigilancia utilizados contra ciudadanos, que en la primavera de 2022 desveló que 65 personas vinculadas al independentismo —incluidos políticos, activistas, abogados y periodistas— habían sido espiadas a través de sus teléfonos móviles con el software Pegasus, comercializado por la empresa israelí NSO Group.
El asunto tensó en ese momento la relación entre Moncloa y la Generalitat. Incluso llevó a ERC a votar en contra del decreto anticrisis que el Gobierno negociaba entonces con los grupos y que salió aprobado por la mínima. Finalmente, el Ejecutivo trató de cerrar la crisis política con el cese de la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, la cabeza visible del organismo al que se dirigían todas las miradas. Su destitución se produjo días después de que la propia Esteban reconociera en el Congreso que 18 de las personas espiadas fueron objetivo del CNI y sus comunicaciones habían sido intervenidas con autorización judicial. Entre esas personas estaba Pere Aragonès en su etapa como vicepresident de la Generalitat.
Ahora, los independentistas vascos y el BNG registran esta solicitud con la que pretenden que el Congreso investigue “hasta el fondo” el espionaje del Estado con Pegasus. El objetivo de la comisión, según el texto registrado este jueves, es “conocer al detalle la implicación de las instituciones del Estado en las presuntas intromisiones ilegales llevadas a cabo contra líderes políticos, instituciones y otras personas” y “conocer, también, la presunta responsabilidad y el mal uso de las estructuras técnicas en el conjunto de los departamentos ministeriales y la vinculación de dichas estructuras con el espionaje”.
Piden además “conocer al detalle todas las actuaciones del Ministerio de Exteriores en relación a las investigaciones llevadas a cabo de manera presuntamente ilegal, sin estar sub judice, de las delegaciones de la Generalitat en el extranjero”; los contratos, costes y procesos de contratación para el presunto desarrollo y/o compra del software Pegasus u otras herramientas usadas para el espionaje por parte de los estamentos oficiales; “las iniciativas llevadas a cabo desde las instituciones del Estado, a fin y a efecto de perseguir la disidencia política; ”proponer y plantear medidas de resarcimiento a todos aquellos afectados por las investigaciones ilegales, así como la asunción de las responsabilidades que se deriven del mal uso de las estructuras gubernamentales“; ”y proponer las medidas oportunas de control, investigación y prevención para blindar la democracia de los abusos de la fuerza del Estado y evitar su uso en contra de los derechos civiles y políticos“.
Los grupos lamentan que todavía “no se ha dado ninguna respuesta en relación a la asunción y depuración de responsabilidades”, como tampoco de los sistemas de control para evitar que estas prácticas ilegales “que ponen en juego todo el sistema democrático” se vuelvan a producir“.
