El ex secretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez ha solicitado que el Partido Popular se siente en el banquillo del caso Kitchen como responsable civil. Quien fuera número dos del Ministerio del Interior durante el primer Gobierno de Mariano Rajoy eleva a la Audiencia Nacional esta petición tras aclarar que, como acusado, no puede pedir la imputación de ninguna persona física o jurídica, si bien cree que la formación que preside Alberto Núñez Feijóo debería figurar como investigada por el espionaje ilegal a Luis Bárcenas con cargo a los fondos reservados.
El escrito remitido al Juzgado por Juan Antonio Frago, el nuevo abogado de Martínez, intenta sortear la regla general que impide recurrir un auto de apertura de juicio oral. Alega, entre otros argumentos, que la Ley de Enjuiciamiento Criminal le ampara por el supuesto de que alguien haya sido excluido de ese auto de apertura de juicio oral, en este caso el PP.
“Se ha señalado en el auto y en los escritos de acusación que diversos acusados decidieron espiar y finalmente sustraer información delicada al señor Bárcenas, siempre en beneficio del Partido Popular y utilizando para ello fondos reservados”, recoge el escrito de Martínez, al que ha tenido acceso elDiario.es.
La defensa de Martínez asegura que, “misteriosamente, ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado y aún más misteriosamente la familia Bárcenas, PSOE y Podemos se han olvidado de pedir la imputación del Partido Popular como persona jurídica, habiéndole acusado por descubrimiento y revelación de secretos a los autores, policías y cargos políticos que supuestamente cometieron esos delitos para favorecer al PP”.
En el mismo escrito, el ex número dos de Interior recuerda que, “según los relatos fácticos de los escritos de acusación, constaría el beneficio directo o indirecto para el PP y hablamos de un delito que tiene prevista la responsabilidad penal de la persona jurídica desde 2010 [en alusión a la revelación de secretos]. ”Otro tanto se puede predicar del cohecho y del tráfico de influencias, que desde 2010 permiten la acusación de las personas jurídicas“.
La defensa de Martínez acusa al juez instructor, Manuel García Castellón, de acoger una tesis “exótica” al haber rechazado en el auto de apertura de juicio oral la petición del PSOE de que el PP fuera juzgado como responsable civil por petición “extemporánea”, esto es, fuera de la fase del proceso donde debería haberse hecho. El abogado de Martínez dice que, según ese razonamiento, se impondría “la prescripción, en la práctica, de casi todas las responsabilidades civiles en todo tipo de delitos”, si bien pone como ejemplo los cometidos contra los trabajadores, por parte de una empresa, en el ámbito laboral.
Martínez impugna así mismo la fianza de 120.000 euros impuesta por el juez Manuel García Castellón al ex secretario de Estado. “Además de carecer de una absoluta falta de motivación, tampoco se compadece con lo expuesto en la Lecrim”, alega, en el sentido de que la Fiscalía y la Abogacía del Estado cifran en 60.000 euros los perjuicios a los fondos reservados.
