Podemos insiste en que se investigue al juez Manuel García Castellón por haber prevaricado en la causa “secreta” y “prospectiva” que instruyó durante casi nueve meses para intentar probar una financiación ilegal inexistente. El Supremo rechazó la querella del partido y este ha presentado un recurso de súplica, que deberá resolver el mismo tribunal, en el que acusa a García Castellón y a su juez de refuerzo, Joaquín Gadea, de actuar contra la formación política y sus fundadores con “plena consciencia” de la injusticia que estaban cometiendo.
Para atribuir el delito de prevaricación es necesario que la “resolución injusta” sea adoptada por un funcionario público “a sabiendas” de que lo es. Para Podemos, la relación de las decisiones adoptadas por García Castellón y Gadea en la causa ya permiten concluir que ambos actuaron con “plena consciencia de la ilicitud y del apartamiento de la recta aplicación del derecho” y que lo hicieron “con el objetivo de perjudicar a un partido político cuyo ideario, aparentemente, no resulta del gusto de los magistrados”.
La causa de la supuesta financiación ilegal de Podemos se construyó a partir de uno de los episodios más llamativos de maniobras policiales contra la oposición durante el Gobierno de Mariano Rajoy, el denominado informe PISA (Pablo Iglesias Sociedad Anómina), un dosier que el Ministerio del Interior quiso hacer pasar por un atestado policial y cuyo contenido había sido despreciado seis años antes por el Tribunal Supremo y por la propia Audiencia Nacional.
Como ocurriera con los métodos que ya había utilizado la brigada política contra los independentistas catalanes, el informe PISA fue publicado por determinados medios de comunicación en un momento político muy concreto, coincidiendo con el inicio de las conversaciones de PSOE y Podemos en 2016 para formar gobierno, y que finalmente no llegaron a buen puerto.
Fue el Juzgado de García Castellón, antes de que el magistrado regresara de su destino en Roma, el que había archivado en 2017 de plano la denuncia interpuesta por una asociación desconocida hasta ese momento. El archivo fue provisional, la fórmula que suelen utilizar los juzgados y que permiten reabrirla si aparecen nuevos indicios. Cinco años después, García Castellón rescató de un cajón esa denuncia, la reabrió y ahí encajó las acusaciones sin pruebas que un exgeneral venezolano hacía contra Podemos para intentar evitar su extradición a Estados Unidos por delitos de narcotráfico y terrorismo.
Podemos habla en su recurso de un relato “fantasioso” de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, si bien fue la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, la instancia superior a García Castellón, quien ya advirtió en octubre de 2021 que se trataba de una “estrategia dilatoria” del ex militar –ahora en una cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos– contra su entrega por parte de España. Como haría con las advertencias de la Sala de lo Penal que vendrían después, García Castellón la ignoró y siguió adelante.
La hostilidad que Podemos siente que García Castellón viene mostrando contra la formación desde 2020, desde su giro en el caso Dina, derivó en la decisión de presentar una querella contra el juez una vez la Sala de lo Penal le obligó a cerrar definitivamente la causa por la falsa financiación ilegal contra el partido.
El Tribunal Supremo, ante el que está aforado el magistrado, rechazó la querella. En el auto de la sala presidida por Manuel Marchena, el alto tribunal resolvió que “conforme a lo expuesto [por Podemos] y de la simple lectura de las resoluciones combatidas, y de las dictadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se desprende” que no se detecta la condición de que García Castellón y Gadea cometieron resoluciones injustas a sabiendas.
En su recurso de súplica, Podemos reprocha que la Sala Segunda del Supremo se haya limitado a analizar “la conformidad o no a Derecho de la (re)apertura de la investigación”, en alusión al informe PISA, y que “en ningún caso” los magistrados hayan descendido a analizar el “carácter prospectivo” de la causa, algo en lo que insistió una y otra vez la Sala de lo Penal en sus resoluciones durante la instrucción corrigiendo al juez.
Se trató, alega el partido, de una investigación “completamente desmesurada” en cuanto a tiempo y personas investigadas. A los investigados, los fundadores de Podemos, no se les ofreció la posibilidad de “combatir” las acusaciones porque nunca fueron formalmente imputadas y al partido se le rechazó la personación como persona jurídica. El delito de financiación ilegal ni siquiera existía en el momento de los hechos investigados. Cuando la Sala de lo Penal ordenó al juez que archivara, los jueces practicaron “un segundo intento”, recuerda el escrito.
El doble rasero con Podemos
Los abogados de Podemos exponen un argumento novedoso en su recurso de súplica, el doble rasero que se ha aplicado con las infundadas acusaciones del ‘Pollo’ Carvajal en comparación con las que viene vertiendo el ex magistrado Fernando Presencia contra los propios jueces del Tribunal Supremo en publicaciones de Internet. Este juez está investigado en la Audiencia Nacional por inventar informaciones sobre dinero de los miembros del alto tribunal en paraísos fiscales. El relato esperpéntico de Presencia le ha valido una imputación impulsada precisamente por el juez Joaquín Gadea, desde el juzgado que comparte con García Castellón, por atacar a los jueces que ahora rechazan investigar a ambos.
Para Podemos es como si “ante las fantasiosas imputaciones” de Presencia a los jueces del Supremo se hubiera abierto una investigación contra ellos, como se hizo a los fundadores de Podemos a partir del testimonio del ‘Pollo’ Carvajal, en lugar de perseguir “tan evidentes calumnias”. “Puede observarse así el diferente trato procesal que han recogido ambas acusaciones, igualmente fantasiosas y carentes de fundamento”, añaden los letrados de Podemos en su recurso de súplica.
