“José Luis, debes dimitir por el bien del deporte español”. El pasado 5 de enero, después de que la Agencia Mundial Antidopaje lanzase un duro comunicado contra España, el jefe de Gabinete de José Manuel Rodríguez Uribes, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), terminó de abrir la puerta de salida a José Luis Terreros. Pero este médico que desde 2017 está al frente de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), decidió resistirse.
En un primer momento estaba hundido, pero se rehizo y se lanzó contra el Gobierno, el que tenía en su mano despeñarlo. Al final, fue destituido el viernes. Concluían así casi siete años de gestión marcada por una errática tramitación interna: algunos expedientes de deportistas que no veían y la luz y otros seguían adelante. Esta es la historia de cómo una denuncia interna hizo saltar por los aires el sistema antidopaje español.
En 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy cambió a un guardia civil por un médico al frente de antidopaje. Terreros, funcionario, reconocido en el sector de la medicina deportiva desde los años 90, adoptó un enfoque optimista. “Nos estamos acercando a la victoria. El dopaje es un enemigo al que se puede vencer”, declaró, al tomar posesión.
Pero casi en ese momento comenzó a crearse un problema que acabó arrollándolo. A él y casi al conjunto del deporte español. El decreto que regulaba la toma de muestras para los deportistas, y que estuvo vigente hasta hace poco más de un año, establecía que debía haber dos agentes de control al tomar la muestra a los deportistas. Bueno, así se interpretaba siempre. Pero la redacción era confusa. Ese decreto, de 2009, fijaba que durante “la recogida de muestras a un deportista […] sólo podrán estar presentes las siguientes personas” y allí enumeraba “al menos un segundo Agente de control del dopaje”. “Podrán” y “al menos” son términos aparentemente contradictorios, pero los responsables antidopaje anteriores señalan que siempre se interpretó que debía haber dos para que el control fuese válido. Para competiciones internacionales valía con un solo agente, pero en España debía haber dos.
En la práctica, según fuentes del sector, a muchos controles iba solo un agente (eso ahorraba costes a la empresa alemana PWC, que ganaba la inmensa mayoría de los contratos y que tenía una fluida relación con la CELAD). Y eso dejaba las infracciones en una situación extraña que Terreros fue resolviendo de forma errática.
El 17 de junio de 2017, por ejemplo, un solo agente tomó la muestra de una deportista amateur que dio positivo por un diurético. Tras varias idas y vueltas, con una sanción incluida, el expediente acabó archivado cuando alegó que habían alterado el formulario de control. Pese a que había un solo agente, y conscientes de que eso lo invalidaba, anotaron que había dos, según su defensa. Acabó todo en un juzgado de Madrid. La causa judicial afecta a una deportista no relevante, pero da indicios de que en Antidopaje sabían que lo de un solo agente era un problema.
Cuando la instructora escribió a Terreros para archivar el caso porque la deportista alegaba que había un solo agente, este le respondió: “Viendo las alegaciones, que indica ciertos defectos en el proceso de control que no habíamos considerado, y que parece ser existieron, por supuesto y si te parece oportuno, puedes archivar el caso por estimar esas alegaciones”. Ese correo es del 6 de marzo de 2019. [La Audiencia ha ordenado juzgar al número dos de Terreros para dilucidar si manipuló un documento público, como adelantó ABC].
Las fechas son importantes porque es anterior a otros positivos con resultados distintos. A finales de 2018, una halterófila dio positivo pero alegó que había un solo agente. Era un problema recurrente. Ella sí fue sancionada.
Unos meses después, en julio de 2019, el velocista Patrick Chinedu Ike dio positivo por nandrolona. Aunque ya había dejado atrás sus mejores años, había llegado a ser internacional. Pero durante años no recibió ningún expediente. En contra de lo que ocurrió las veces anteriores, Antidopaje estimaba que como solo había un agente de control, no iba a poder sancionarle y el caso quedó en un cajón. Se sumaba a cinco positivos por pasaporte biológico que tampoco habían sido tramitados por una sentencia que dio la razón al ciclista Ibai Salas. En ese caso, la propia abogacía del Estado recurrió para, en nombre del Tribunal Administrativo del Deporte, tumbar la sanción.
Muchas de estas cosas quizá no se hubieran sabido si una trabajadora de la CELAD no hubiese acudido al Ministerio de Educación con una denuncia interna al amparo de una ley que protege a los denunciantes de corrupción. Allí detallaba que el positivo de Chinedu nunca se tramitó. En la cúpula de la CELAD lo atribuyen todo a una serie de rencillas personales. A efectos prácticos es irrelevante. La guerra interna había estallado.
El Ministerio de Educación, que en noviembre asumió las competencias de Deporte, se tomó la denuncia en serio y la acabó mandando a la fiscalía. La denuncia no solo hablaba de ese caso en el cajón, sino de que la CELAD había pagado controles con un solo agente a sabiendas de que no acabarían sirviendo para sancionar.
Al principio Terreros no se tomó demasiado en serio el escándalo. Cuando el pasado 26 de diciembre, elDiario.es reveló el positivo oculto de Chinedu, respondió al CSD con un escueto correo que no daba muchas explicaciones. Luego alegaría que estaba de vacaciones. Cuando dio entrevistas justificó que dejó en un limbo el positivo de Chinedu porque la CELAD tenía un contencioso con otro deportista que debía dilucidar si era legal sancionar con un agente o dos. No era así. Ese contencioso no se abrió hasta principios de 2020, cinco meses después del positivo de Chinedu. Y tuvo sentencia en diciembre de 2021, apuntando que debía haber dos agentes (como entendía mayoritariamente el sector). Desde las primeras señales internas de que existían problemas si en el control había un solo agente hasta la sentencia habían pasado cuatro años de expedientes.
El problema es que la denuncia interna ponía sobre la mesa dos prácticas aparentemente incompatibles: pagar con dinero público controles con un solo agente y, a la vez, enterrar positivos cuando los detectaban esos controles. Un sistema en el que aparentemente la CELAD se zancadilleaba a sí misma en la lucha contra el dopaje.
En su defensa, Terreros emitió un comunicado al margen del CSD. “Podemos afirmar que el pago de los controles por parte de los sucesivos Directores de la AEPSAD hasta 2021 en los que estuviera presente un solo Agente de control, no constituyeron ninguna irregularidad, ya que dichos controles cumplieron con las normas nacionales e internacionales vigentes en aquellos momentos”.
Pero, a la vez, defendía no sancionar a Chinedu y a otra deportista cazada con un solo agente. “La suspensión se ha originado por una necesidad jurídica para no menoscabar derechos de deportistas”. En el diario AS, por ejemplo, incidió en esa idea: “Si le hubiésemos sancionado [a Chinedu], podríamos haber sido acusados de prevaricación por dictar una resolución a sabiendas de que podía ser injusta. […] Si lo abrimos, igual se hubiese ido de rositas al haber una anomalía en la toma de muestras. El proceso se archiva para que pudiese ser sancionado después”.
Terreros estaba en una ratonera. Si defendía la legalidad de los controles realizados con un solo agente, se vería atrapado por haber enterrado algunos de esos mismos controles cuando daban positivo. La denuncia tenía ese punto en su contra. Si se defendía de un punto, se condenaba en el otro. Y viceversa. Pero intentó las dos cosas: justificar que los controles con un agente eran válidos y defender que no tramitase varios positivos obtenidos así.
La Audiencia Provincial de Madrid y la fiscalía han certificado que era un círculo imposible de cuadrar. En el caso de la halterófila que fue sancionada por un solo agente, han dado la razón a la Administración y archivado el caso contra la CELAD. Pero considera que “pese a la irregularidad o anomalía detectada” al no haber dos agentes, “debía proponer la apertura del expediente dado que la toma de muestras no ajustada a la legalidad no fue determinante del resultado analítico y, por ende, no invalidaba el resultado”. Es decir, que los controles con un solo agente son irregulares pero que, a la vez, tenían que abrir expediente si había un positivo. Todo lo contrario de la defensa en público de la CELAD. Todo lo contrario de lo que ocurría.
Las explicaciones no convencieron a sus superiores y el Ministerio de Educación y la AMA sentenciaron a Terreros. Pero el Gobierno no lo puede cesar directamente, sino que tiene que hacerlo el Consejo Rector de la CELAD que estaba pendiente de renovación. En público y en privado, Terreros apuntó alto, develó que Uribes ni había querido reunirse con él, alegó que la AMA le tenía en el punto de mira por haber fiscalizado a su presidente y promovido un grupo de resistencia con países americanos y señaló que destituir fulminantemente al director antidopaje es lo que haría Rusia. Retiró su anuncio de dimisión y esperó hasta el viernes, en la primera reunión de la CELAD.
Allí, los representantes del Gobierno eligieron a Silvia Calzón, médico como Terreros y que fue secretaria de Estado de Sanidad durante el covid. Solo se abstuvo el representante de las comunidades autónomas, designado por el Gobierno popular de Aragón, la comunidad de la que procede Terreros. Calzón debe recuperar el crédito internacional de un país con un pasado terrible. El país en el que la Operación Puerto acabó en un fiasco judicial, en el que el presidente Zapatero apoyó a Contador cuando dio positivo, que tuvo a su laboratorio antidopaje suspendido… y que, en año olímpico, se enzarzó en una rencilla interna que solo tenía una salida: empezar de nuevo.
