A José Luis Terreros, todavía director de la Agencia Estatal Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (CELAD), le faltaban solo unos meses para jubilarse. Nacido en 1956, este médico especializado en deporte y con cargos en Antidopaje desde 2009, iba a culminar tranquilamente una larga y relativamente silenciosa carrera. Pero le ha pasado como a esos policías de las películas que, cuanto más se acercan a la pensión, más tiros reciben.
En solo diez días ha pasado de ser el amo del cortijo del antidopaje español a que el Gobierno pida abiertamente que dimita y la Agencia Mundial amenace a España con sanciones. Según Marca, duda entre hacerlo ya o esperar el cese. Para su sorpresa, un cúmulo de irregularidades, disputas internas y presión internacional en año olímpico han hecho implosionar la lucha contra el dopaje. Pero para comprender cómo hemos llegado a esa navidad ‘horribilis’ para el antidopaje hay que retroceder casi siete años.
Terreros llegó a director de la Agencia en 2017 (entonces se llamaba AEPSAD). El Ejecutivo retiró a Enrique Gómez Bastida, un guardia civil que había dirigido la Operación Puerto, el mayor golpe al dopaje que, pese al despliegue, acabó judicialmente en nada. “Del dopaje hay poco que no conozca”, declaró Terreros en su toma de posesión. Ya se había ocupado de la materia y había sido apartado en 2013, pero se mantuvo como asesor. Su nombramiento dejó un regusto amargo en el equipo saliente, que recuerda el desbarajuste de tramitación de positivos que encontró al llegar.
Médico con experiencia, fue director del centro de medicina del deporte en Aragón, de trato amable, y en ese momento iba a cambiar el enfoque de la lucha antidopaje. De un guardia civil se pasaba a un médico. No había mayor mensaje.
En aquel momento, España ya había acumulado suficiente fama internacional de tolerancia con el dopaje. “En la Operación Puerto no fuimos capaces de sancionar a Valverde, que lo tuvo que hacer el comité olímpico italiano, Zapatero defendió a Contador y Rajoy a Marta Domínguez. España es muy tolerante con la corrupción y el dopaje es corrupción”, explica Juan Manuel Alonso, que fue presidente de la comisión médica de la Federación Internacional de Atletismo.
Terreros fue sobreviviendo a todos los ministros del ramo. El dopaje no interesaba. La CELAD se convirtió en su coto. Aparentemente, no había grandes escándalos. No hubo ninguno grande, pero sí muchos pequeños: anomalías, actuaciones extrañas que sus críticos, a veces excargos de Antidopaje, denunciaban como connivencia con deportistas. En España, en caso de duda, la moneda siempre caía del lado del deportista. Terreros culpaba a los jueces o al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), pero la realidad es que había muchas gateras para que se escapasen positivos por dopaje. Su red era tan grande que no caían peces.
El TAD, por ejemplo, anuló la sanción al ciclista Ibai Salas por pasaporte biológico y la propia abogacía del Estado se encargó de pleitear contra la Agencia Mundial Antidopaje en la Audiencia Nacional para dejarlo impune. La CELAD, que defendía que no hacía falta regulación específica para sancionar por pasaporte biológico, dejó a otros cinco deportistas compitiendo sin saber cómo gestionar esos positivos. Los expedientes que abría en 2019 los dejaba en suspenso ese mismo día.
Pero no era solo eso. Como reveló ‘footballeaks’, tras un partido con el Real Madrid, Sergio Ramos quiso ducharse antes de un control antidopaje y desobedeció al agente de control, pero nunca fue sancionado porque debía haber dos agentes y no uno. El despedido meses después fue el agente de control. Esa noticias aparentemente no le dañaban, no tenían mucho eco. Pero sí fueron creando un caldo de cultivo.
El pasado otoño, y al amparo de la ley de protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, aprobada este año, una persona de dentro de la CELAD acudió al ministerio con información.
Lo que allí se contaba era una bomba. No solo había cinco casos por pasaporte biológico en un limbo (algo que Terreros ya había contado), no solo estaba procesado su número dos (como reveló ABC) por, presuntamente, manipular un control de una deportista amateur. Había más. Un velocista nacionalizado, Patrick Chinedu Ike, por ejemplo, había dado positivo por nandrolona en 2019, pero nunca había sido expedientado. No es que se le abriese un expediente y se archivase por un defecto de forma, sino que la CELAD lo había mandado a un cajón. Chinedu siguió compitiendo como si nada.
En noviembre, después de que la competencia de Deporte pasase del Ministerio de Cultura al de Educación, con Pilar Alegría al frente, la persona denunciante amplió la información. El caso Chinedu tenía conexión con la realización durante años de controles antidopaje por un solo agente, pese a que la norma española vigente hasta 2022 establecía –aunque de forma algo confusa– que debía haber dos. La empresa alemana Professional Worldwide Controls – PWC (no es una de las ‘big four’, no) ganaba sistemáticamente los contratos de la CELAD pero se estaría ahorrando dinero en controles. Cuando luego había un positivo era fácil anularlo.
Educación puso al subsecretario del ministerio al frente de la investigación. Pilar Alegría acababa de recibir las competencias en Deporte y estaba descubriendo el caso. Solo entonces, la CELAD abrió expediente a Chinedu. Había competido más de cuatro años sin problema.
Las advertencias de los organismos internacionales
El pasado 26 de diciembre, elDiario.es revelaba el positivo en un cajón de Chinedu y que había seguido compitiendo. Dos días después, Relevo publicaba que PWC reaizaba controles con un agente en lugar de dos.
La respuesta de Terreros y la CELAD fue quitar hierro al asunto, contestar que eran infracciones menores, deportistas de segunda fila y que no tenía sentido protegerlos. Sobre los controles con un agente, defendieron que la normativa española no obligaba realmente a hacerlos con dos (a pesar de que el mismo Terreros había aconsejado archivar expedientes cuando el sancionado alegaba esa circunstancia en su defensa). Un día después, el 29 de diciembre, y como destapó elDiario.es, Terreros formalizó el último contrato con PWC. Esa sería su obra póstuma.
Un día después, la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) entraba en el caso. En un correo a este diario, su portavoz aseguraba, sobre el caso Chinedu, que “retrasos injustificados no serían tolerados”. Una advertencia de la AMA en año olímpico es algo serio.
El dos de enero, Educación ya tenía concluido el informe iniciado con la denuncia interna. Con el visto bueno de la Abogacía del Estado, el presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, recién llegado al cargo, lo envió a la Fiscalía por si apreciaba delito. Era un punto de no retorno. La CELAD tiene su propio estatuto y al director no lo nombra ni lo cesa la ministra directamente sino que hay que convocar ese organismo. El 14 de diciembre había dimitido Víctor Francos como secretario de Estado para el Deporte, así que o Terreros hacía lo mismo o habría guerra. Era insostenible trabajar con alguien a quien has denunciado a la fiscalía.
En un primer momento, Terreros buscó batalla. Se defendió en prensa y alegó que la AMA estaba al corriente de todo, que había avalado su gestión de los casos, tanto de los cinco positivos por pasaporte biológico congelados como el de Chinedu. Según la CELAD, la AMA le había felicitado.
“España tiene que cambiar mucho”
Pero su estrategia saltó el viernes por los aires. Al filo del mediodía, la AMA lanzó un durísimo ataque en un comunicado en el que avisaba de consecuencias contra el deporte español si no había cambios. “La AMA puede confirmar que durante varios meses, dentro de su programa de cumplimiento, ha sabido de problemas relacionados con la CELAD, incluidos varios problemas relacionados con test y la gestión de sus resultados”. El presidente de la AMA, Witold Bańka, declara: “Estoy decepcionado con el nivel de cooperación que recibimos de la CELAD […] El hecho de que haya positivos que no han sido gestionados en tiempo, a pesar del seguimiento de la AMA, es inaceptable”.
Según el organismo mundial, con capacidad para llegar a expulsar a Rusia de unos Juegos, habían sido estos los que habían impulsado que tres positivos por pasaporte biológico pasasen a las federaciones internacionales para ser sancionados ya que España no lo hacía.
Solo unas horas después, el ministerio se sumaba en otro duro comunicado en el que la ministra Alegría pedía la dimisión de Terreros y advertía de que si no se iba pedirían su relevo en el próximo consejo rector. En solo unos días, Terreros estaba solo. Después de siete años en un balneario, había pasado una navidad de pesadilla. Aunque Terreros seguía viendo conspiraciones exteriores, los que le señalaban no estaban en montañas lejanas. Ha sido una denuncia de dentro de la CELAD, la AMA y el Ministerio quienes lo han sentenciado. Su sustituto tiene poco tiempo para recomponer la relación con la AMA y recuperar crédito internacional.
“España tiene que cambiar mucho y hacer una reflexión de que si tenemos esa credibilidad tan mala es porque en los últimos 25 años no hemos hecho nuestro trabajo. Hay que cambiar mucho y si lo hace será por necesidad”, señala Alonso. Si en los últimos años los ministerios ignoraron el dopaje, ese tiempo se acabó.
