Cinco asociaciones de la Guardia Civil, todas ellas con representación en el Consejo que articula sus reivindicaciones a la Administración, han hecho público un comunicado este sábado en el que insisten en que el acuerdo entre el PSOE y Junts supone un “quebranto” en la separación de poderes, “pilar básico de un Estado de Derecho”. El comunicado, que lamenta las consecuencias que para la “seguridad” de los españoles pueda tener el citado acuerdo, evita el tono de sublevación al poder ejecutivo del que dependen las Fuerzas de Seguridad que presentó ayer Aprogc, una asociación compuesta mayoritariamente por oficiales, que ya está siendo investigada por haber prometido “derramar sangre” contra el concierto entre socialistas e independentistas.
El comunicado hecho público este sábado está suscrito por Jucil, AEGC, Ases-GC, Unión de Oficiales y Asociación Profesional de Cabos. De la sola firma cabe destacar que aparece la asociación mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, Jucil, que inauguró el cambio de rumbo del Ministerio del Interior respecto de la tolerancia que venía mostrando el departamento a los exabruptos de algunas asociaciones. La “felonía” que denunciaron de Pedro Sánchez tras su intervención ante el Comité Federal del PSOE provocó que la Dirección General remitiera a los servicios jurídicos del instituto armado ese tuit y otros por si cupieran responsabilidades disciplinarias.
Ahora, Jucil y las otras cuatro asociaciones critican las comisiones de investigación que recoge el acuerdo PSOE-Junts sobre posibles casos de ‘lawfare’ o instrumentalización política de la justicia. Consideran que les afecta porque los guardias civiles trabajan en funciones de policía judicial –a las órdenes de los jueces– y que ese “ataque a la línea de flotación de la independencia judicial” también les afecta.
“Los guardias civiles sentimos que estamos siendo utilizados como moneda de cambio en las negociaciones para formar Gobierno y esto tendrá graves consecuencias permanentes para la seguridad de los ciudadanos”, escriben Jucil y las otras cuatro asociaciones. “La Guardia Civil –prosiguen– ya perdía influencia y ahora se pretende que pierda competencias y se expulse a los guardias civiles y sus familias del País Vasco y Cataluña, cuestión que desde las asociaciones representativas no estamos dispuestos a tolerar”.
El texto del acuerdo entre PSOE y Junts no aborda en ningún momento la retirada de efectivos que aún trabajan en las citadas comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias en seguridad ciudadana pero que cuentan con la presencia de Policía Nacional y Guardia Civil para tareas de investigación o control de puertos y fronteras.
La ausencia de AUGC
Otro elemento destacable de la firma de este comunicado es la ausencia de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), segunda en representación en el Consejo por detrás de Jucil, a manos de quien perdió la hegemonía en las elecciones de 2021. AUGC siempre ha abogado por la desmilitarización de la Guardia Civil por actuar esta como una Fuerza de Seguridad del Estado y como vehículo para mejorar las condiciones laborales de los agentes.
El comunicado de las otras cinco asociaciones añade: “Queremos expresar que, habiendo conocido los acuerdos suscritos entre PSOE y las fuerzas independentistas para la investidura, observamos con gran preocupación como en los mismos se pretenden inyectar importantes cantidades económicas a las policías autonómicas, y se somete a la pérdida de competencias a la Guardia Civil.
Las asociaciones cierran el comunicado citando la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado sobre la función de la Guardia Civil, entre otras policías: “Se ejercerá su función con absoluto respeto a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico”. Esa misma ley establece el deber de “neutralidad” política en el ejercicio de las funciones de policías y guardias civiles.
