José Luis Ábalos no entrega su acta de diputado. El que fuera ‘número tres’ del PSOE desacata la resolución de su propio partido y se niega a abandonar el Congreso después del estallido de un escándalo de corrupción en el Ministerio de Transportes mientras él estaba al frente de ese departamento.
“He decidido hacer caso a los que me quieren y me piden seguir adelante con la defensa de mi reputación hasta las últimas consecuencias”, ha dicho en una comparecencia en el Congreso de los Diputados en la que ha lamentado no haber contado con el respaldo del PSOE.
“He decidido defender mi honor personal y mi reputación como diputado hasta las últimas consecuencias. Me gustaría estar haciéndolo respaldado por la dirección de mi partido, me hubiera gustado tener el beneficio del compañerismo, pero ha sido así”, ha lamentado.
Tras su decisión, Ábalos será suspendido de militancia en el partido y expulsado del Grupo Parlamentario Socialista, por lo que pasará a integrar las filas de un Grupo Mixto cada vez más nutrido tras la ruptura de Podemos y Sumar.
Su determinación de continuar como diputado llega después de que la dirección del PSOE decidiera exigirle a su exsecretario de organización la entrega de acta de diputado en un plazo máximo de 24 horas que se cumplían a mediodía de este martes.
“Sabemos que José Luis Ábalos no está investigado ni señalado ni su nombre figura en la investigación. No nos erigimos en jueces, no juzgamos, pero a pesar de todo consideramos que sí existe una responsabilidad política”, señaló el lunes la portavoz del partido, Esther Peña.
El sábado, en una entrevista en La Sexta, Ábalos se reafirmó en su defensa ante la crisis sobre la trama de las mascarillas y reiteró que no está imputado, preguntándose por qué debería dejar su escaño en el Congreso. Aunque sí admitió que si el ‘caso Koldo’ que involucra al que fuera su asesor hubiera estallado cuando era miembro del Gobierno, sí hubiera dimitido.
Además, el exministro de Transportes afirmó que el fiscal confirmó que “el procedimiento de contratación fue correcto”. “Hace pocos meses, el Tribunal de Cuentas Fiscalizó positivamente todas las contrataciones por material sanitario por el Covid”, aseguró, “los precios que se pagaron fueron correctos y muy por debajo de lo que pagaron la Comunidad de Madrid o el Ayuntamiento de Madrid”.
