El camino hacia la polarización extrema marcado por Donald Trump y los republicanos de Estados Unidos cuenta con muchas alternativas y en algunos países como España unos cuantos se han apresurado a seguirlas. Existe un requisito básico. La patria –o la democracia o la Constitución– está en peligro. El enemigo ya no es sólo el adversario tradicional, sino la causa de todos los males. Es una amenaza que hay que purgar de raíz. Se puede discutir sobre los métodos, unos más admisibles o civilizados que otros, pero nunca sobre una misión que no admite medias tintas.

«La supervivencia del grupo (o de la nación, el proyecto de país, etc.) depende de la derrota de la parte opuesta. La política se convierte en un juego de supervivencia y de suma cero. Por lo tanto, en este contexto, el pacto es una traición, ya que pone en riesgo la supervivencia de uno mismo», ha escrito Míriam Juan-Torres, investigadora sobre democracia en la Universidad de Berkeley (California). 

El acoso a las sedes del PSOE de los últimos días y los disturbios ocasionados han surgido como hitos básicos en esa lucha, para la que el resultado de las elecciones de julio es sólo un elemento accesorio. O uno al que se puede dar la vuelta por completo, como hizo Alberto Núñez Feijóo el miércoles al volver a presentarse como vencedor de esos comicios.

El Partido Popular tuvo que alterar levemente su brújula después de los graves incidentes de la noche del martes, pero en esencia sus intenciones continúan siendo las mismas: Pedro Sánchez no tiene derecho a ser reelegido con el apoyo de los independentistas catalanes.

Con las primeras manifestaciones del lunes, la reacción del PP fue clara. En un comunicado enviado a los periodistas, criticó las cargas policiales que comenzaron cuando los congregados intentaron acercarse a la sede de la calle Ferraz: «El Gobierno del PSOE obligó a nuestros agentes a tratar a las personas que estaban en la calle como si fueran CDR. No lo eran». Sólo eran ciudadanos que ejercían su derecho a manifestarse ante la sede de un partido identificado como el enemigo, alegaban. Por tanto, la condena de los hechos estaba fuera de lugar.

En el Senado, se vivió una variante cómica de ese estado de opinión. «Han polarizado a España y lo pretenden arreglar con ley mordaza y, si hace falta, hasta con gas mostaza», dijo José Antonio Monago. Se refería, quizá sin saberlo, a las armas químicas utilizadas por varios ejércitos en la Primera Guerra Mundial.

Como ya lo había dicho varias veces, Isabel Díaz Ayuso no se iba a cortar. «Lógicamente el descontento solo puede ir a más y más porque nos va la democracia a todos en ello», dijo. También dijo que un grupo de ultras habían «parasitado» la concentración, algo que Génova no se había atrevido a hacer en ese momento. La presidenta madrileña y sus asesores ya están acostumbrados a variar su mensaje en función de las circunstancias. Un día, atizan las llamas del discurso de la confrontación y al día siguiente acusan a sus rivales de politizarlo todo. Hasta lo más nimio, afirman con gesto ofendido.

La gravedad de los incidentes del martes iba a obligar al PP a alterar su discurso, pero manteniendo lo esencial. Centenares de ultraderechistas habían intentado asaltar el cordón policial de la calle Ferraz y provocado la respuesta policial. Feijóo se vio obligado a hacer el miércoles una intervención no prevista en una mesa redonda de catedráticos de Derecho sobre la amnistía organizada por su partido en el Congreso.

Díaz Ayuso ya había tenido la sesión de control a su Gobierno en la Asamblea de Madrid. Sin que se le preguntara, hizo una condena clara de «estos actos vandálicos» en los que treinta policías habían resultado heridos, según la Delegación del Gobierno. Eso no impidió que Mónica García le endosara la respuesta que tenía preparada: «La turba de ultras de ayer viene de usted diciendo que vamos camino de una dictadura». Y ya se sabe que si te amenazan con una dictadura, casi cualquier respuesta está justificada.

Una vez más, Ayuso se había movido más rápido que su líder. A Feijóo le escocían algunos titulares. «Aunque los profesionales de la manipulación y la mentira siempre digan que no soy claro, tengo que decir que la violencia no tiene cabida en la democracia y su impunidad, tampoco», dijo muy enojado. En realidad, sí fue claro, porque reincidió en el mensaje de equiparar a las víctimas con los agresores. Las decisiones de Sánchez están «destruyendo la democracia», por lo que están al mismo nivel que los encapuchados de la extrema derecha.

Feijóo sostiene que sólo se hace responsable de las movilizaciones que convoque su partido, pero es él quien ha decretado, después de algunas dudas iniciales, que la confrontación debe trasladarse a la calle, donde los políticos ya no pueden controlar todo lo que ocurra. Si alguien como él dice que la amnistía es «una aberración democrática» e incluso «una indecencia desde el punto de vista moral», no cabe duda de que se trata de una llamada al combate con independencia del resultado de las elecciones. Si algo es inmoral, no se puede aceptar, aunque lo apruebe la mayoría de los diputados elegidos en las urnas.

Es una forma de salvar la democracia de sí misma, un mensaje que siempre ha tenido connotaciones autoritarias, por ejemplo en Latinoamérica.

Con la incoherencia que le caracteriza, a veces en el mismo discurso, Feijóo denunció que no se sabe nada sobre el alcance de esa amnistía que están negociando el PSOE y Junts, y al mismo tiene meridianamente claro que es una inmoralidad y una aberración. Sólo plantearse esa posibilidad, lo que él llama «amnistiar la violencia», le parece que descalifica a los socialistas para dar lecciones sobre el acoso violento a sus sedes. Es como decir que ellos se lo han ganado a pulso.

La utilización de la violencia en el proceso que dio lugar al referéndum independentista de 2017 ya quedó zanjada por la sentencia del Tribunal Supremo. Si los magistrados la hubieran apreciado como un factor esencial, habrían condenado a los acusados por rebelión y no lo hicieron. Eso ya se ha olvidado. Sobre las protestas en el aeropuerto de El Prat y los cortes de carretera, por graves que fueran, no son muy diferentes a hechos similares ocurridos en otros conflictos políticos y laborales.

«La polarización como estrategia es muy útil para movilizar», dice Míriam Juan-Torres, «puesto que activa miedo y emociones, pero puede ser demoledora a medio y largo plazo». Los desacuerdos sobre asuntos básicos son lógicos en una sociedad democrática. Sin embargo, cuando el precio a pagar es tan alto como la supervivencia de la nación o la democracia, ahí ya no cabe aceptar el juego político normal. El rival es el demonio, la encarnación del mal, y cualquiera que le apoye o parezca equidistante es tan culpable como el enemigo.

En esa mesa redonda de catedráticos convocados por el PP, uno de ellos se dejó llevar por el ambiente de locura y culpó directamente a millones de españoles. «Hay siete millones de votantes que parecen lobotomizados y harán lo que se les diga», afirmó José Manuel Vera, catedrático de Derecho Constitucional. Se supone que se refería a los 7,7 millones de personas que votaron al PSOE en julio.

Ese será el paso siguiente y definitivo en el proceso de polarización, uno del que ya es muy difícil salir. El enemigo no será sólo Sánchez, sino también la mitad del país. Todos aquellos que no salgan a la calle con capucha o sin ella.



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