El goteo de casos de presunto fraude electoral en torno al voto correo embarraron la recta final de la campaña de las elecciones autonómicas y municipales del pasado mayo. Hubo registros policiales, detenidos y destituciones de candidatos en los días previos a la apertura de las urnas. La polémica fue tal que la Junta Electoral Central tomó una medida excepcional de cara a los siguientes comicios, las generales del 23 de julio: imponer la exigencia de mostrar el DNI también en el momento de emitir el voto para toda España, una decisión que ya se había tomado en Melilla, epicentro de esa polémica.
