Más de 2.300 migrantes han llegado a dormir esta semana en un muelle de Gran Canaria
Las imágenes de su hacinamiento y los datos sobre el desmesurado aumento del número de embarcaciones irregulares que entran en las islas han traspasado en estos días no una, sino varias fronteras, pero detrás de la cara más visible de esta crisis migratoria se esconden otras muchas realidades.
Lo saben bien quienes ofrecen ayuda humanitaria a esos migrantes que decidieron jugarse la existencia en sus países de origen y que se están viendo retenidos en unas islas que, para la mayoría, solo iban a ser un lugar de paso.
“Estas islas representan para ellos una gran cárcel”, subraya a RTVE el portavoz de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias, Txema Santana, quien asegura que los migrantes “no se quieren quedar en Canarias” y precisa que, si viajan hasta allí, es únicamente por ser “el punto de Europa más accesible que tienen”.
Unos huyen del conflicto y otros escapan de la ruina económica
Antes de agosto, lo que se vivía en el territorio insular era un ciclo migratorio con una mayoría de personas procedentes de Mali que huían del conflicto, pero, a partir de ese mes, empezaron a confluir en las islas distintos flujos, explica Santana.
Uno de ellos está vinculado a las consecuencias económicas de la pandemia en otros países africanos, como Marruecos o Senegal, donde numerosos jóvenes que perdieron su empleo deciden subirse a una patera o un cayuco en busca de un mejor porvenir y eligen la ruta atlántica como vía para ese salto a Europa.
En esta última decisión podría influir, dice, la restricción de movimientos en las rutas terrestres, debido al cierre de algunas fronteras para controlar la Covid-19.
Tal ha sido el repunte de llegadas que, entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, han arribado de forma irregular a las islas 16.760 personas, un 1.019% más que en el mismo periodo de 2019.
En el último mes, se han duplicado las cifras de todo el año, lo que inevitablemente recuerda a la «crisis de los cayucos» de 2006 y ha obligado al Gobierno a promover un plan de choque y levantar campamentos de emergencia en los que espera habilitar 7.000 plazas de acogida.
Santana considera que “había tiempo para haber activado dispositivos y manejar los flujos migratorios” antes de llegar a una situación que, dice, es “crítica”. En las islas viven a día de hoy con una crisis multidimensional: la sanitaria y la económica, provocadas por la pandemia, y la migratoria, que también bebe de las dos anteriores.
En ese contexto y con las administraciones “desbordadas” por el colapso migratorio es muy difícil ofrecer un trato “humano” a los migrantes que logran pisar suelo canario.
No se les puede atender en condiciones dignas
“No se les puede atender en condiciones dignas porque no hay espacios adecuados. Tiene que haber un dispositivo que permita atenderlas como se merecen y hacer derivaciones. Creemos que la descoordinación entre ministerios está incidiendo en la desprotección de las personas”.
El ejemplo más claro de lo que las organizaciones de ayuda humanitaria consideran “inaceptable” se ha visto en Arguineguín, un puerto convertido en campamento improvisado donde cientos de personas conviven en condiciones alarmantes.
La gota que colmó el vaso fue la orden de un mando policial que el pasado martes permitió la salida del recinto de más de 200 personas sin ofrecerles previamente una alternativa de alojamiento, un hecho que durante días ha desatado incontables críticas contra el ministerio del Interior y ha avivado la tensión en el ámbito político.
Varios partidos, incluido Podemos Canarias, llegaron a pedir la dimisión del ministro Fernando Grande-Marlaska por lo sucedido y el presidente canario, el socialista Ángel Víctor Torres, urgió al Gobierno a impulsar traslados de migrantes a la Península para descargar la presión sobre las administraciones públicas.
Más de 2.300 migrantes han llegado a dormir esta semana en un muelle de Gran Canaria
