El cierre de la investigación en Suiza y la inviolabilidad de Juan Carlos I dejarán impune la donación de 65 millones de euros que el ahora rey emérito recibió en 2008 de Arabia Saudí y que, años después, transfirió en parte a su examante Corinna Larsen. Previsiblemente, nunca se podrá probar si ese regalo fue fruto de una comisión ilegal por su intermediación en las obras del AVE a La Meca. En España, las pesquisas están abocadas al archivo por ser hechos previos a la abdicación; y el fiscal suizo Yves Bertossa no ha logrado hallar un «vínculo suficiente» entre la donación y la adjudicación de esa infraestructura a un consorcio español con una considerable rebaja. 

Sin embargo, la extensa investigación seguida en Ginebra durante más de tres años sí ha permitido levantar parte del manto de opacidad que, hasta el momento, cubría la fortuna del monarca. Gracias a esas pesquisas ha salido a la luz, sin que haya sido desmentido, que el ahora rey emérito retiró durante años hasta 100.000 euros mensuales de la cuenta en la que ocultó los millones saudíes, que una fundación bajo sospecha le financió una década de viajes de placer o que gobernantes de países nada respetuosos con los derechos humanos acostumbraban a agasajarle con cantidades millonarias en efectivo escondidas en maletines. Todo ello, mientras estaba en el trono y cobraba un sueldo público superior del que recibían otras altas autoridades del Estado. 

El monarca nunca fue imputado en Suiza ni llamado a declarar, pero las pesquisas del fiscal jefe de Ginebra sí han permitido aflorar detalles hasta el momento desconocidos sobre la fortuna personal del monarca, un patrimonio de volumen desconocido y origen incierto que lleva años en el centro de la polémica. Por el despacho de Bertossa han pasado, como investigados por un presunto delito de blanqueo agravado de capitales, la empresaria alemana Corinna Larsen, Arturo Fasana, el gestor de la cuenta en la que el rey recibió el dinero de Arabia Saudí; o Dante Canonica, el director de la fundación panameña a cuyo nombre se ingresaron esos fondos. Y también —en este caso como testigo— su primo lejano Álvaro de Orleans. 

La investigación ha considerado acreditado que la donación de los saudíes existió y que hubo, tras ella, una «voluntad de encubrimiento» por parte de las personas que movieron y recibieron el dinero aunque no se haya podido probar el soborno. Los 100 millones de dólares (64,8 millones de euros al cambio de entonces) procedentes del Ministerio de Finanzas de la petromonarquía fueron ingresados el 8 de agosto de 2008 en una cuenta abierta en la banca privada Mirabaud a nombre de la fundación panameña Lucum, cuyo primer beneficiario era Juan Carlos I y el segundo Felipe VI. 

Se trata de un dinero que, además, habría permanecido oculto a la Agencia Tributaria española. Durante los interrogatorios del fiscal Bertossa, Fasana, gestor de la cuenta, afirmó que él no tenía constancia de que el monarca hubiera declarado esos fondos al fisco. “En aquella época el 80% o más de los clientes extranjeros que tenían activos en Suiza no habían declarado sus bienes en sus países de origen”, respondió a la pregunta sobre si había tomado medidas para asegurar el cumplimiento de los impuestos de su cliente, según informó El Español

Además, se han publicado informaciones nunca desmentidas que apuntan a que el ahora rey emérito retiró durante años hasta 100.000 euros mensuales de esa cuenta. Según publicó El Confidencial, el monarca habría usado el dinero para sufragar gastos no declarados de toda la familia real. Esas ingentes retiradas de dinero se produjeron al menos entre 2008 y 2012, cuando el país estaba inmerso en una grave crisis económica y el monarca no escatimaba en llamamientos al comportamiento ético de dirigentes y ciudadanos en sus discursos públicos. Los extractos bancarios publicados certifican, por ejemplo, que en 2010 el ahora emérito sacó de esa cuenta 1,5 millones de euros.

Ese depósito se cerró en junio de 2012 y el remanente fue transferido a la cuenta en Bahamas de una sociedad de Larsen, según considera probado la Fiscalía suiza. Para entonces, ya se había roto la relación sentimental que ambos mantuvieron entre 2004 y 2009 aunque, siempre según la versión de la empresaria alemana, siguieron siendo «amigos cercanos» especialmente en el período en el que el monarca se estaba recuperando de su intervención en un pulmón, entre 2010 y 2012. 

Fue en ese período en el que, según ella, la colmó de regalos como obras de arte o joyas y también le donó parte del dinero saudí —65 millones, según el fiscal Bertossa— con la intención de recuperar su relación. No fueron los únicos fondos procedentes de las monarquías del golfo Pérsico que recibió la empresaria. El fiscal jefe de Ginebra también considera acreditado que cobró en su cuenta suiza seis millones procedentes de los gobiernos de Kuwait y de Bahréin poco después de que Juan Carlos I viajara a ambos países en visita oficial.

A pesar de la acumulación de denuncias por su escaso respeto a los derechos humanos, el rey emérito ha mantenido una relación larga y especialmente fructífera para su bolsillo con los altos mandatarios de las potencias del Golfo, que no dudaban en agasajarle con generosos regalos. De hecho, el destino para huir de sus escándalos fue Emiratos Árabes Unidos, donde permanece desde el verano de 2020. 

Otra revelación de Fasana en el marco de las pesquisas suizas da cuenta de esas buenas relaciones. El abogado al que el monarca confió la gestión de la cuenta en la que recibió la donación de Arabia Saudí confesó que el rey le visitó en su casa de Ginebra el 7 de abril de 2010 para que ingresara en esa cuenta una maleta cargada de billetes. Según contó El País, Fasana relató al fiscal que esa maleta contenía 1.895.250 dólares en efectivo (alrededor de 1,4 millones de euros al cambio de entonces) que el rey había conseguido de un ‘donativo’ de su amigo Hamad bin Isa al Jalifa, rey de Bahréin, pequeño archipiélago del golfo Pérsico también cuestionado por su carácter autoritario.

En sus conversaciones con el comisario jubilado José Villarejo, actualmente acusado por múltiples delitos, Larsen da detalles de estos supuestos tratos de Juan Carlos I con altos mandatarios de países árabes. En uno de esos audios, de 2016, la empresaria asegura haber visto «con sus propios ojos» como cada vez que el emérito viajaba a Oriente Medio volvía con dinero. Habla incluso de cantidades de hasta cinco millones de euros «cada vez» que el monarca se iba de viaje a estos países con «protección diplomática». Según la empresaria, el rey pagaba «todo en cash» incluso a su mujer y sus hijos y tenía «una máquina para contar dinero» en la Zarzuela.

Bertossa también interrogó en 2018, en calidad de testigo, a Álvaro de Orleans, primo lejano del rey emérito. El fiscal ginebrino se interesó por la Fundación Zagatka, un «instrumento» que el aristócrata constituyó en Lichtenstein en 2003 y que habría costeado durante una década más de ocho millones de euros en vuelos de Juan Carlos I en jet privados. Esos viajes de placer en vuelos chárter —muchos de ellos, en compañía de Larsen y que se prolongaron hasta 2018— son considerados pagos en especie que el rey nunca declaró a Hacienda y que intentó regularizar el pasado febrero abonando 4,4 millones de euros a la Agencia Tributaria para evitar una nueva investigación penal. 

El pago de esos 4,4 millones de euros motivó otra investigación de Hacienda sobre la procedencia de esos fondos. Un dinero que, según reconocieron los propios empresarios que pusieron de su bolsillo, fue canalizado como un préstamo y no como una donación para evitar el pago de impuestos. Según desveló El País, la Agencia Tributaria rastrea ingresos en metálico y pagos de la cuenta en un banco español en la que el emérito cobraba su sueldo público desde su abdicación en 2014. Entre las incógnitas que mantiene este caso está por ver qué piensa la Fiscalía de la relación del rey emérito con la Fundación Zagatka y cómo piensa devolver el monarca esos 4,4 millones de euros después de que su hijo anunciase que le ha sido retirada la asignación de la Casa Real. 

Orleans ha negado en diversas entrevistas ser testaferro del emérito y enmarca sus tratos con él en la tradición familiar de ayudar a las monarquías europeas. Siempre ha mantenido que el dinero de Zagatka procede de sus inversiones inmobiliarias y sus bodegas y no de ninguna mordida recibida por el monarca. Es la tesis que desplegó el pasado marzo cuando fue interrogado como testigo en virtud de una comisión rogatoria remitida a Mónaco por la Fiscalía del Tribunal Supremo en el marco de su investigación al rey. A preguntas de los fiscales del Alto Tribunal reiteró que su intención con el abono de esos viajes era proteger la privacidad del anterior jefe del Estado en sus desplazamientos.

Sin embargo, las sospechas de posibles irregularidades se remontan casi a la constitución de Zagatka. El primer ingreso relevante en una de sus cuentas, de 1,9 millones, aparece asociado a una supuesta comisión por la venta del Banco Zaragozano al Barclays Bank en 2003. Alberto Cortina y Alberto Alcocer, amigos del rey, eran sus máximos accionistas cuando se produjo esa venta, con la que lograron unos beneficios de 457 millones. The Telegraph contribuyó a agravar la sospecha con otra información en la que vinculó a Orleans con esta transacción, considerada uno de los grandes pelotazos de la época.

En febrero de 2020 publicó que el aristócrata cobró 39 millones de libras (más de 40 millones de euros) por ejercer como mediador en esa venta. El primo del rey emérito no negó esta información al diario británico, pero sí lo desmintió posteriormente en una entrevista en El País en la que rechazó tener cualquier relación con los empresarios españoles ni con esa supuesta comisión.



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