Las VTC preparan un aluvión de recursos contra el Decreto Ábalos
Los grandes dueños de licencias VTC, utilizadas en las plataformas de Uber y Cabify, preparan miles de demandas ante los tribunales contra el decreto ley aprobado por el Ministerio de Fomento hace casi un año, que les imponía un periodo de gracia de cuatro años antes de prohibirle su actividad en los centros urbanos de las ciudades.
Finales de septiembre de 2018
Después de un verano caliente, con una huelga que colapsó el centro de Madrid y Barcelona, el Ministerio de Fomento movió ficha.
Puso sobre la mesa un ‘decreto ley’ que abría la puerta a las comunidades autónomas para limitar al sector, algo que fue clave para que Cataluña planteara otro decreto que acabó expulsando a Uber y Cabify.
El otro pilar de la modificación en la ley impulsada por José Luis Ábalos era el de la fecha de caducidad de las licencias: tenían cuatro años de ‘periodo de gracia’ a partir del cual sólo podían operar en trayectos interurbanos, que en la práctica significaba eliminar de un plumazo el 95% de su negocio.
Los dueños de las licencias presentaron 11.000 recursos de alzada antes de final de ese año 2018, cumpliendo así el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del decreto.
En algunos casos han recibido el rechazo esperado de Fomento, mientras que en otros sólo ha habido silencio desde la administración. ¿Consecuencia? Activan el segundo movimiento.
Ese segundo acto es el que se está preparando ahora en la patronal y las grandes compañías del sector.
Trabajan en la redacción de los miles de recursos no ya ante la administración, sino ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en un nuevo proceso contencioso-administrativo.
Se irán presentando de manera progresiva, pues las respuestas de Fomento han ido llegando en fechas distintas para cada uno de los dueños de esas licencias.
Uno de los argumentos de esos recursos judiciales se centra en el periodo de gracia de cuatro años. Ese plazo es indemnizatorio.
Es decir, la administración decidió no pagar en dinero por ‘inutilizar’ en las ciudades esas autorizaciones y lo hizo en tiempo.
El fin con esta denuncia es tratar de llegar al Tribunal Constitucional, para que sea éste el que declare si el decreto atenta con los derechos constitucionales.
Los empresarios de la VTC saben que sólo tienen una posibilidad de llegar a este tribunal para tumbar el ‘decreto ley’: hacer que un juez del TSJ plantee una cuestión prejudicial con la que haga al TC que se pronuncie.
Es improbable que esto suceda, aunque es el único intento que le quedaría, pues un recurso ante este órgano judicial sólo se puede hacer por el Defensor del Pueblo, por 50 diputados y senadores o parlamentos regionales que se vean afectados en su autonomía.
Las VTC preparan un aluvión de recursos contra el Decreto Ábalos
