La Audiencia Nacional archiva la querella de los taxistas contra Uber y Cabify

La Fiscalía investiga a Uber por presuntos delitos contra la Hacienda Pública

La Fiscalía de delitos económicos de la Audiencia Nacional ha abierto diligencias contra la empresa de transporte Uber por presuntos delitos contra la Hacienda Pública, según ha afirmado la asociación Taxi Project 2.0.

La misma agrupación ha denunciado que Uber habría defraudado 5,1 millones de euros al Estado el año 2018 gracias a un entramado societario que desviaba parte de sus ingresos a paraísos fiscales.

La denuncia interpuesta Vosseler Abogados en nombre de Taxi Project 2.0 se basa en un informe titulado Estudio sobre los posibles delitos económicos de Uber, elaborado por la cooperativa Ekona en mayo de 2019.

Según el documento, Uber habría utilizado un entramado societario que tenía como objetivo «la defraudación tributaria a través de la simulación de operaciones intracomunitarias inexistentes».

«Para evadir impuestos, Uber separa su comisión de la factura total de la carrera pagada por el usuario», especifica el informe.

Según este documento:

«El cliente cree que está adquiriendo un servicio y se piensa que también paga el IVA; en realidad, el entramado diseñado para Uber lo conceptualiza como dos servicios diferentes, y la comisión es la parte que no tributa».

«Al cliente se le está cobrando de forma engañosa la cantidad íntegra a través del sistema de pagos de Uber sin que llegue a saber que, en realidad, está pagando dos servicios por separado»,

A través de esta fórmula, Uber estaría canalizando sus ingresos hacia el estado de Delaware (Estados Unidos) y países como Bermudas o Singapur a través de Holanda, territorios considerados paraísos fiscales.

Según el informe presentado ante la Fiscalía, Uber declaró unos ingresos de 16,7 millones de euros al Estado en 2018 y un beneficio de 979.914 euros, abonando 325.380 euros en concepto de impuestos de sociedades.

El informe de Ekona refleja que la facturación real de Uber en el Estado en el año 2018 fue de 51 millones de euros y, por tanto, habría defraudado 5,1 millones de euros en concepto de IVA (el impuesto que se aplica a los servicios de transporte VTC es del 10%).

Por otra parte, la asociación denuncia que Uber declaraba que su actividad consistía en la «prestación de servicios de la sociedad de la información» en vez de la «prestación de servicios en el ámbito de los transportes».

Gracias a esta fórmula, todos los ingresos de Uber podían «disfrazarse como compensación por sus servicios digitales y enviarlos directamente a la sociedad Uber BV de Holanda», donde tampoco tributaban.

El taxi promete guerra

Taxi Project 2.0 ha celebrado que la Fiscalía haya abierto finalmente una investigación «tras varios intentos».

A través de un comunicado, sin embargo, la asociación ha asegurado que está «a punto de mostrar otra ofensiva» contra plataformas similares a Uber.

«Es vergonzoso cómo estas empresas actúan con total impunidad y destrozan nuestro sistema productivo y vacías las arcas del Estado», concluye.

La Fiscalía investiga a Uber por presuntos delitos contra la Hacienda Pública