La comisión del Congreso que investiga el caso Kitchen llega a su encrucijada. Los diputados deberán extraer conclusiones de 37 comparecencias en las que predominaron las excusas para no responder sobre el espionaje al extesorero del PP. Dejando a un lado la desgastada credibilidad del comisario Villarejo, los pocos que han hablado y reconocido la operación defienden que se produjo dentro de la legalidad. Es por eso que, al igual que en la causa judicial, emerge como clave el testimonio del policía encargado de investigar a las órdenes del juez la caja B: Manuel Morocho nunca fue informado de aquel operativo, lo que hace añicos la tesis de que su finalidad era descubrir el dinero escondido por Luis Bárcenas y localizar a sus testaferros.
Morocho ha sido el investigador principal de los dos casos que han acabado en condena para el Partido Popular como persona jurídica, Gürtel y caja B. Casi todos los informes policiales relevantes en esa causa llevan su firma y número de identificación, 81.067. Nunca fue informado por sus compañeros del operativo de vigilancia a la familia Bárcenas, ni del topo infiltrado. El juez Pablo Ruz, tampoco.
El día de su comparecencia ante la comisión Kitchen, el pasado 25 de marzo, el PP cambió de portavoz y presentó a Eloy Suárez, que ya había interrogado al policía cuatro años antes, en la comisión sobre la financiación irregular del PP. Suárez dijo que Morocho investiga al PP desde 2007 —en realidad el caso Gürtel comenzó en 2008— y a continuación preguntó al policía “cuántos años más necesita” para seguir abriendo causas a su partido. El policía respondió que él “ni abre, ni cierra causas”, que eso lo hacen los jueces y los fiscales a cuyas órdenes trabaja.
El portavoz del PP se sumó a la tesis de los investigados, según la cual intentaron ayudar al caso de la caja B y que no lo hicieron de espaldas a su compañero ni al juez porque más de dos años después introdujeron en una base policial sus supuestos descubrimientos con el espionaje a Bárcenas. Con esa pregunta, Suárez dio pie a uno de los puntos más relevantes del espionaje ilegal, su intento de blanqueo, según creen Anticorrupción y el juez. Morocho, ante los diputados, explicó que aquellos datos introducidos, o eran de sobra conocidos por los investigadores ‘auténticos’ del caso, o estaban “sesgados” e intentaban “confundir” sobre el hecho investigado, la financiación irregular del PP.
Morocho también explicó con detalle cómo el comisario Eugenio Pino, director adjunto operativo, le adjudicó con un segundo destino simultáneo en el corazón de la brigada política, una “sobrecarga” de trabajo para poner de “barrera” en sus avances sobre la corrupción del PP y además poder vender a sus superiores en el Ministerio que ya no estaba en la UDEF.
Casi un mes después de Morocho llegó la declaración que más impacto causó entre los diputados. El comisario jubilado Enrique García Castaño, durante 22 años jefe de la unidad de élite encargada de la captación de fuentes, vigilancias, grabaciones y seguimientos, repitió ante ellos lo que ya le había reconocido ante el juez, que volcó la información de varios móviles de Bárcenas y que entró en el estudio de Rosalía Iglesias, la mujer del tesorero. Para ambas actuaciones no contó con autorización judicial. García Castaño asegura que en el pequeño estudio de Rosalía Iglesias no había nada. Bárcenas y otros policías implicados creen que allí se hurtaron las grabaciones que implicaban en la caja B, entre otros, a Mariano Rajoy.
Las tres horas de declaración de García Castaño fueron un repaso por cuatro décadas de impactantes actuaciones policiales al borde de la ley, cuando no en el lado contrario de la misma. Los diputados asistían atónitos a tamaña confesión. Siempre se trataba de salvar vidas, defendía García Castaño, una afirmación difícil de aplicar a la operación Kitchen. En este caso, asegura el comisario, el objetivo era desbloquear una investigación sin pulso: había que encontrar el dinero que escondía Bárcenas e identificar a sus testaferros. Nada de sabotear la causa de la caja B del PP, según él. La Unidad Central de Apoyo Operativo, la UCAO de García Castaño, participó en los seguimientos a la familia Bárcenas. Él mismo manipuló al confidente, el chófer, durante un tiempo, según relató en el Congreso.
“Por supuesto que el ministro y el secretario de Estado conocían la operación”, confesó García Castaño ante los diputados. Y no se quedó ahí. Según dijo, María Dolores de Cospedal era informada por el hoy comisario Andrés Gómez Gordo, en excedencia cuando arrancó la operación Kitchen y al servicio directo de la ex secretaria general del PP en la Presidencia de Castilla-La Mancha.
Gómez Gordo regresó al servicio activo en la Policía para controlar al chófer, al cual conocía de su época trabajando ambos para Francisco Granados en la Comunidad de Madrid. Gómez Gordo protagonizó una de las comparecencias más tensas de la comisión al negarse a contestar a ninguna pregunta. Él fue quien introdujo información en una base de datos para blanquear la Kitchen tres años después. Está procesado por ello y se sentará en el banquillo por otro caso de corrupción, el de la Ciudad de la Justicia de la Comunidad de Madrid.
Enrique García Castaño también aseguró que “por disciplina”, el director adjunto operativo, Eugenio Pino, debía haber informado a Ignacio Cosidó de la operación y que Villarejo le contó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, era puesto al corriente de los avances por el presidente de La Razón y consejero de Atresmedia, Mauricio Casals.
Cuando llegó el turno de Villarejo, el 27 de mayo, el comisario confirmó todos esos extremos y fue más allá: según él, había intercambiado mensajes de texto con Rajoy además de informarle por terceros, a saber: Cospedal, Francisco Martínez (secretario de Estado de Seguridad) y el mencionado Casals. Al día siguiente, el juez citó a Villarejo para que se extendiera sobre los mensajes con Rajoy, pero una vez facilitó el número con el que se comunicaba, sin aportar dichos mensajes, el magistrado comprobó que era un número del PP pero no quiso seguir adelante con esa línea de investigación, tal y como reclama Anticorrupción.
La excusa recurrente de los mandos policiales para no declarar en el Congreso era el carácter secreto de la materia por la que se les preguntaba. Se produjeron situaciones chocantes, como que el actual jefe del Gabinete de Coordinación de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez, comisario vinculado históricamente al PSOE, compareciera a petición de este partido y repitiera una y otra vez a su portavoz que no estaba autorizado a contestarle sobre el manejo de los fondos reservados, dinero con el que se pagó el espionaje a Bárcenas.
Sin embargo, otros funcionarios jubilados sí lo hicieron. Hubo dos testimonios significativos que, si bien no aportaron información directa sobre la operación Kitchen, ayudaron a entender cómo es el sistema que permitió albergar la operación ilegal, pese a la reforma de 1995 con la que se intentó poner fin a las prácticas que auspiciaron los GAL. Uno de esos funcionarios jubilados fue el “cajero pagador” de esos fondos en la Policía entre 2013 y 2015, según se describió él mismo, Felipe Lacasa. “Dale lo que pida”, aseguró que le decía el DAO Pino cuando se dirigían a él los implicados en la Kitchen Enrique García Castaño, José Manuel Villarejo, José Ángel Fuentes Gago, Marcelino Martín-Blas, Bonifacio Díaz Sevillano y Andrés Gómez Gordo.
El facultativo Miguel Ángel Bayo, uno de los máximos colaboradores del jefe Pino durante la actuación de la brigada política y nunca imputado, reconoció ser el “transportista” del dinero de los fondos en maletines, aunque se definió como un “cajero de cuarta”. A preguntas de Jon Iñarritu, de EH Bildu, Bayo cometió un error: reconocer que accedía a información reservada sin la habilitación especial que debe expedir el CNI.
La excusa de la materia reservada no servía para los responsables políticos del Ministerio del Interior. En la primera fase de la comisión declaró el presunto “coordinador” de la operación Kitchen, Francisco Martínez. Los indicios encontrados en su teléfono apuntaban a que su jefe directo, Jorge Fernández Díaz, Mariano Rajoy, María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría conocían, cuando menos, la operación, pese a que él ya se había echado atrás ante el juez.
Ante la comisión ofreció una explicación de tintes melodramáticos: “En un momento en el que yo estaba roto se dicen cosas así de un amigo, de un familiar…”. Se refería a cuando escribió un mensaje al presidente de la Audiencia Nacional asegurando que su situación se debía a haber sido leal a los “miserables” de Rajoy, Fernández Díaz y Cospedal.
Fernández Díaz declaró en el Congreso que estaba ejerciendo su derecho de defensa cuando, una vez más, como había hecho en su recurso contra el auto de fin de la instrucción, señaló al PP. “En la historia han habido casos, sabe Dios que no acuso a nadie, en absoluto, pero en otras épocas hubo el caso GAL o el caso Faisán, que eran asuntos del Ministerio del Interor, pero este no era un caso que pudiera decirse que había nacido en el Ministerio del Interior, porque el señor Bárcenas no es el tesorero del Ministerio del Interior”, dejó caer Fernández Díaz.
La comisión ha logrado sepultar una porción del capital político que había dejado en herencia a su partido Mariano Rajoy. Si bien no fue el único antiguo dirigente del PP que hizo gala de negacionismo durante el juicio de la caja B que funcionó en su partido al menos dos décadas, el hecho de que lo hiciera de forma tan rotunda, durante casi dos horas, y sin teloneros, ante la comisión de investigación, dejó expuesta la mentira de forma más nítida. Rajoy, por supuesto, dijo no saber nada de la Kitchen, pero además negó la evidencia de tres sentencias judiciales que constatan la existencia de la contabilidad paralela en el PP, también durante su presidencia.
Fue la causa de la caja la que intentó sabotear la operación Kitchen. Finalmente hubo juicio y condena sobre el pago de la sede de Génova con dinero negro, y aún una pieza derivada se está investigando, pero no está claro si los policías lograron hacerse con material que hubiera implicado directamente a dirigentes del PP, entre ellos Mariano Rajoy.
Los grupos parlamentarios tienen que tener listas sus conclusiones este lunes para que el miércoles se reúna la comisión a puerta cerrada. Fuentes de la misma consideran poco probable que dichas conclusiones sean votadas en pleno del Congreso de los Diputados antes del mes de febrero del próximo año.
