El fiscal Navajas denuncia presiones de la exfiscal general Consuelo Madrigal

El fiscal Navajas denuncia presiones de la exfiscal general Consuelo Madrigal

El pasado 14 de septiembre, el Teniente Fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas Ramos, remitía al Tribunal Supremo un informe sobre las veinte querellas interpuestas contra los miembros del Gobierno por la gestión de la crisis derivada de la pandemia por la COVID-19, en el que pedía la inadmisión de todas las querellas.

La ultraderecha cargó contra Navajas, al que acusaron de seguir las directrices de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.

Así ha expresado su rechazo a las críticas:

“La Fiscalía del Estado no ha intervenido para nada, ni por activa ni por pasiva”.

Navajas ha asegurado que “no convocó la junta de fiscales de Sala para no tener que excluir a compañeros que son esclavos de su ideología, en este caso”.

Y ha acusado a estos fiscales de ir a su despacho a “aconsejarle e influirle” de cómo tenía que actuar en este caso. En concreto a la exfiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, de estar “contaminada”.

Además, ha recordado que tiempo después, Madrigal publicó una “soflama contra el Gobierno”

Navajas responde a las críticas que hablan de “un informe mal elaborado e impreciso” y asegura que el Supremo pondrá a cada uno en su sitio. Asegura que no es el más tonto de la clase y que se trata de un trabajo reflexivo y muy meditado en el que Dolores Delgado “no ha intervenido para nada, ni por activa ni por pasiva”.

No pretende que la opinión pública le crea por un acto de fe, pero reitera que “no ha habido reuniones privadas con la fiscal general del Estado” y que desde el principio Delgado le dijo: “Tú eres el responsable”, ya que hay causas en las que ella no puede intervenir.

Con esta tropa yo no puedo ir a la guerra

«Con esta tropa yo no puedo ir a la guerra», ha asegurado Navajas.

De esta forma ha justificado que no se celebrara una Junta de Fiscales de Sala, el máximo órgano consultivo de la carrera, para debatir el informe sobre las querellas como solicitaba la conservadora y mayoritaria Asociación de Fiscales.

El teniente fiscal ha asegurado también que, de haberse celebrado este órgano, habría habido «filtraciones».

Además, ha recordado que la Junta de Fiscales de Sala tampoco se convocó en el caso de otras querellas presentadas contra otros gobiernos.

Por ejemplo, en las que algunos colectivos interpusieron contra el Gobierno de José María Aznar por la participación de España en la guerra de Irak y que acabaron siendo rechazadas por el Tribunal Supremo.

Consuelo Madrigal, la sectarista

Persona de fuertes convicciones católicas y conservadoras, en el 2008 firmó como Fiscal del Tribunal Supremo un manifiesto de “Mujeres ante el aborto”, en el que se expresaba la “indignación por los hechos que suceden en las clínicas acreditadas en España para la práctica del aborto, cuya difusión nos ha conmocionado, y proponer una serie de medidas que permitan superar esa forma de violencia contra la mujer que es el aborto incontrolado que existe de hecho en nuestro país”.

En su calidad de Fiscal de Sala apoyó la querella de la Fiscalía General del Estado contra el Presidente de la Generalitat Artur Mas y otros cargos de su Gobierno por las responsabilidades penales derivadas del proceso participativo del 9-N.

El 30 de septiembre de 2016 dictó una Instrucción ordenando a los Fiscales que se opusiesen a los requerimientos de la Justicia argentina que solicitaba auxilio judicial para la investigación de los crímenes de la dictadura fascista del General Franco.

Lo resumía así: hay que decidir la “automática denegación” de dicho auxilio.

La Red de Abogados/as Demócratas (FAI-RAD), presentó un escrito en mayo de este año ante la Fiscalía General del Estado en el que pidió que se abriera un expediente disciplinario y se sancionase a la fiscal del Tribunal Supremo Consuelo Madrigal tras la publicación en el diario El Mundo de una tribuna crítica con la gestión del gobierno durante la crisis sanitaria provocada por el covid-19.

Madrigal ejerció «una gran censura» cuando el estatuto de la carrera impide hacerlo.

La que fuera fiscal general del Estado encaja en la comisión de una falta grave que puede castigarse con la suspensión de funciones por un máximo de seis años, el traslado forzoso o la pérdida de 5 a 10 días de remuneraciones.

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