Viernes, 17 de diciembre, base Aérea de los Llanos (Albacete). A las 11.00 de mañana, escoltado por un caza del Ejército del Aire, aterriza un jet privado. Alguien avisa a alguien de que quizá dentro de la nave podría viajar el emérito; que a lo mejor Juan Carlos I habría aterrizado ya en suelo español y que su destino sería la finca que Bárbara Kalachnikoff, viuda del marqués de Paul, posee en la localidad albaceteña. ¡Ay los condicionales! Podría, habría, estaría, sería… Conjugaciones todas para envolver rumores en posibles noticias.
La del viernes fue otra falsa alarma. En Los Llanos a esa hora aterrizó, sí, un jet privado. Iba, en efecto, escoltado por un caza. Pero en el interior no viajaba ninguna autoridad. Menos aún, Juan Carlos I. Tan sólo se trataba de una maniobra militar de las que una vez al mes tienen lugar en la base aérea.
De no ser por la aclaración inmediata de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en cuanto se le preguntó al respecto y supo que el rumor circulaba por algunas redacciones, la historia habría dado para un nuevo serial sobre el regreso del emérito de esos que se suceden estos días en la programación de todas las televisiones y las páginas de los diarios. Alguien ha dicho que alguien ha contado que el padre del actual jefe del Estado querría estar en España estas Navidades; que su hija mayor habría viajado a Abu Dabi para ayudarle con el traslado; que nada ni nadie le impediría ya regresar a su vivienda de los últimos 50 años; que estaría harto de tanto autoexilio dorado; que la vuelta sería lógica después de que la Fiscalía suiza haya dado carpetazo a la investigación iniciada en 2018 por el presunto cobro de comisiones en las obras del AVE a La Meca; que ahora faltaría sólo que la Justicia española haga en breve lo idem con las pesquisas en torno a la fortuna del emérito y que el que fuera jefe del Estado habría puesto incluso condiciones para su vuelta.
¿Les suena? El regreso de los globos sonda. Las mismas palomas mensajeras. Las mismas crónicas. Las mismas fuentes autorizadas. Los mismos entornos. Los mismos infaustos recuerdos sobre un rey que ya no reina, pero provoca no pocos desvelos en el reinado actual y en el Gobierno por la alargada e inquietante sombra que proyecta sobre la institución. Y sobre todo por la inquietud que causa tanta insinuación, tanta conjetura y tan poca transparencia en el reinado de Felipe VI.
La estrategia es idéntica a la de hace un año. De un lado, las noticias, generalmente inciertas, que se difunden a menudo para obtener la reacción de la gente ante la misma. De otro, la manera en que el emérito intenta presionar -con la difusión de construcciones informativas que llegan siempre de periodistas o empresarios amigos- al actual jefe del Estado para que autorice su regreso. Van dos Navidades ya en que se repite la misma historia. Y van dos ediciones en las que los periodistas fuerzan una declaración del Gobierno respecto a informaciones que no tienen procedencia institucional alguna.
“Si un periodista pregunta al presidente del Gobierno, como ocurrió este jueves en Bruselas, si seguía creyendo que Juan Carlos I debía dar explicaciones -tal y como dijo Pedro Sánchez en 2020 cuando se conoció que el emérito tenía dinero en un banco suizo y firmó personalmente el acta para la creación de una sociedad opaca- qué debe contestar, cuál debería ser la respuesta”, se preguntan en Moncloa. “¿No?, ¿Ya no? ¿No hace falta?”, responden con ironía para subrayar que lo dicho esta semana por el presidente no aporta novedad alguna, más allá de que haya servido “para que la prensa pedalee con un asunto que no forma parte de la agenda”.
El “creo que el rey Juan Carlos tiene que dar explicaciones» que salió por boca de Pedro Sánchez este jueves, después de conocer que la fiscalía suiza había cerrado las diligencias sobre la donación de 65 millones de euros de Arabia Saudí a una cuenta del exjefe del Estado a través de testaferros, no era una invitación al emérito, sino el convencimiento de que no lo hará jamás y de que esa mancha quedará para siempre en el debe de su hoja de servicios.
Dicho de otro modo: el Gobierno no contesta, más que las generales de la ley, porque nada sabe sobre las intenciones del monarca ni nada le ha dicho Felipe VI al respecto, que es lo que en buena lógica ocurriría en el caso de que hubiera algo cierto sobre lo publicado, y aunque sólo fuera porque la decisión de dónde establecerá su residencia habitual es un asunto que tendrán que acordar entre Casa Real y el Gobierno. Y es que la única certeza de todo lo apuntado en las últimas semanas es que “Juan Carlos I ya nunca más volverá a la Zarzuela”, según afirman fuentes ministeriales.
“A día de hoy, no estamos buscando ni residencias ni posibles ubicaciones donde el emérito pueda fijar su nueva residencia, lo que demuestra que no hay nada decidido”, afirman desde La Moncloa. Los mismos interlocutores admiten en todo caso que el posible regreso del emérito no es un debate en el que el Gobierno de coalición “se sienta cómodo” y tampoco un asunto en el que “Zarzuela tenga demasiado interés”, ya que jamás lo ha planteado en sus conversaciones habituales con el Ejecutivo.
Ni Casa Real ni el Gobierno tienen constancia oficial alguna de que Juan Carlos I vaya a volver a España por Navidad, lo que no quiere decir que no lo pueda hacer por su cuenta y riesgo sin aviso previo, como hizo cuando eligió Abu Dabi como destino para su autoexilio. Tanto Zarzuela como Moncloa se enteraron cuando ya estaba allí. Y su salida de España le fue comunicada por Felipe VI a Pedro Sánchez en una audiencia celebrada pocos días antes de que se anunciase que abandonaba España para salvar la Monarquía y para evitar que las noticias sobre su fortuna en el extranjero dañasen a la institución.
En el Gobierno de Pedro Sánchez aseguran que saben poco de las intenciones del emérito y que no tienen información que les haya proporcionado Felipe VI, que es única y exclusivamente a quien corresponde tomar una decisión sobre el futuro de su padre y que no ha tomado sin duda por “razones de oportunidad política”.
“Lo lógico sería que, de existir esa supuesta voluntad manifestada de pasar las Navidades en España, el padre llamase al hijo, a pesar de la complicada relación que existe entre ambos, y que el jefe del Estado informase después al Gobierno”. Ni una cosa ni la otra se han producido, de momento, pese a que varios ministros reconocen estar al tanto de que el emérito “desea volver a España, porque así lo ha transmitido recientemente a su entorno, como hizo el año pasado por las mismas fechas” con intención de presionar así a Felipe VI.
Más allá de la rumorología y los condicionales, en el Ejecutivo no ven más que otro globo sonda tras todo lo publicado respecto a un posible regreso estas Navidades, que complicaría sin duda la vida al actual monarca, pero también la del Gobierno, ya que entre los socios hay diferentes posiciones sobre el asunto.
Invocar el nombre de Juan Carlos I es reabrir la caja de Pandora sobre el modelo de Estado, sobre el silencio cómplice de las instituciones con el deshonesto comportamiento y más que dudoso enriquecimiento del que fuera jefe del Estado y sobre la inviolabilidad del monarca actual. Asuntos todos ellos que Unidas Podemos no soslaya cada vez que aparece una nueva información sobre las investigaciones judiciales que atañen al emérito y sobre los que el PSOE, sin embargo, trata de pasar de puntillas.
A estas alturas lo de menos ya es si volverá o no Juan Carlos I o dónde vivirá, lo que preocupa es el desgaste que la obscena acumulación de dinero obtenido no precisamente a través de su asignación constitucional pueda provocar todavía en el reinado de Felipe VI. Que la justicia suiza haya archivado las diligencias y la Fiscalía española tenga intención de hacer lo mismo en breve no quiere decir que el emérito sea inocente, sino que los delitos cometidos ya están prescritos o se cometieron en un momento en el que mantenía la inviolabilidad que le confería durante su reinado la Constitución. Una cosa es que no haya condena judicial y otra, que el padre de Felipe VI no tenga el repudio mayoritario de la sociedad por lo que hizo. Cada titular sobre el asunto es una dosis de recuerdo de la falta de transparencia y la nula rendición de cuentas que hoy aún rodea a la institución monárquica. Y esto último muy a pesar de lo que en el Ejecutivo consideran sería decisivo para “modernizar, dar estabilidad y acercar” la institución a la sociedad, y que nada tiene que ver con una hipotética ley de la Corona, que jamás formó parte de la agenda política, pese a lo publicado durante tanto tiempo. En Zarzuela, como con lo del emérito, tampoco se vislumbra disposición alguna para remediar esto. Y luego se preguntarán qué hicieron para merecer tanta indignación social…
