Bolsonaro es acusado de incitar al genocidio ante la Corte Penal Internacional
Un grupo de abogados brasileños, junto con un poderoso grupo de derechos humanos y algunos ex ministros, han denunciado al presidente Jair Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional (CPI) por incitar el «genocidio de los pueblos indígenas» de Brasil y cometer «crímenes contra la humanidad».
La Comisión Arns y el Colectivo de Defensa de los Derechos Humanos entregaron una nota a Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional en La Haya, este miércoles.
Los abogados que promueven la denuncia informaron a los medios que el documento tiene 60 páginas e identifica 33 acciones y discursos oficiales de Jair Bolsonaro que podrían tener un carácter criminal, según lo establecido por el Estatuto de Roma, ratificado por Brasil en 2002.
«Ayer presentamos, a través de CADHu y la Comisión Arns, una denuncia contra el presidente Jair Messias Bolsonaro en la Corte Penal Internacional, por crímenes contra la humanidad por sus discursos y acciones sistemáticas destinadas a desmantelar las políticas públicas de protección social y ambiental en la Amazonía».
El ex ministro José Carlos Dias, actualmente presidente de la Comisión Arns, firmó el documento.
Asimismo, el ex ministro José Gregori también puso su firma en la denuncia.
Antes de tomar la decisión de solicitar o no autorización para iniciar una investigación, Bensouda puede solicitar información a los gobiernos de los estados brasileños y de otros países, a las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales, a las ONG y a otras fuentes.
«El propósito de la queja es lanzar un organismo internacional de monitoreo de las acciones y omisiones del Presidente y responder a sus crímenes contra activistas, organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas», dice la nota.
La queja tiene lugar un día después de que la nueva versión del Código Penal Militar fuera aprobada por el Comité de Constitución y Justicia de la Cámara de Representantes, este pasado martes, 26 de noviembre.
Los grupos de derechos humanos temen que el nuevo texto sea una licencia para matar civiles, ya que expande peligrosamente el concepto de autodefensa.
Según la nueva ley, el personal militar que usa la fuerza para ‘prevenir la agresión’ puede ser exonerado, ya que ahora no se requiere una amenaza real o inminente para actuar.
Desde que asumió el cargo en enero de este año, Bolsonaro ha atacado repetidamente a los pueblos indígenas de Brasil, comparándolos con animales en zoológicos y hombres prehistóricos.
Bolsonaro también lideró los esfuerzos para desmantelar la Fundación Nacional Indígena (Funai), la agencia que protege a las más de 300 comunidades indígenas en Brasil.
El presidente también presionó para abrir reservas indígenas para las empresas mineras.
La queja ejerce más presión internacional sobre un presidente que constantemente ataca a las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y ambientales y niega la emergencia climática.
Bolsonaro pone sistemáticamente sus intereses y los de los grupos ultraconservadores que lo apoyan por encima de los derechos humanos y civiles y el interés general del pueblo brasileño.
Bolsonaro es acusado de incitar al genocidio ante la Corte Penal Internacional
